Valladolid escenificó hoy su unidad en la exigencia al Ministerio de Justicia de un compromiso claro en la histórica reivindicación de la ciudad de contar con el Campus de la Justicia para evitar la actual dispersión de sedes y "el peregrinaje" de los ciudadanos, y apremió a la firma de un protocolo que recoja que se va a hacer, plazos concretos y fondos para culminar este proyecto.

Ante la sede del Colegio El Salvador, edificio ofrecido por el Ayuntamiento como sede judicial única, se concentraron jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, médicos forenses, funcionarios, abogados, procuradores y otros operadores jurídicos de la ciudad y representantes de todos los grupos políticos municipales bajo la pancarta: "Por el Campus de la Justicia".

Es "un hito para la ciudad" la unidad para que se materialice la aspiración de contar con el Campus de la Justicia fue el mensaje destacado por el presidente de la Audiencia Provincial, Javier Carranza, encargado de leer el manifiesto, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y la jefa de la oposición, Pilar del Olmo.

"La ciudad de Valladolid viene reclamando desde hace muchos años el Campus de la Justicia. Es una aspiración plenamente legítima y sentida por la opinión pública vallisoletana", recoge el manifiesto, que señala que el Ayuntamiento "ha superado el escollo inicial que suponía la obtención de unas parcelas adecuadas para la construcción del Campus y las ha puesto a disposición del Ministerio".

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, advirtió de que el Ministerio de Justicia no puede actuar como lo ha hecho hasta ahora, al "ponerse de perfil", y recalcó que hace falta un compromiso claro y por escrito. "Hay avance y espero que pronto se materialice", declaró a los medios, si bien afirmó que hoy era el día de la unidad y de no ir más allá.

En esa línea, el manifiesto, que define "de Justicia" contar con el Campus de la Justicia, exige "un compromiso público, firme y por escrito" por parte de la ministra de Justicia, Pilar Llop, acompañado de dotación presupuestaria y de una calendario de actuaciones, para acometer "sin demora la construcción" de este edificio judicial "en un plazo razonable".

Javier Carranza subrayó que la dispersión de sedes judiciales impide una adecuada y digna prestación del servicio público de la Justicia, obliga a los ciudadanos y a los profesionales a "un peregrinaje" por ellas y provoca mayores costes de gestión, seguridad y mantenimiento.

Por su parte, el alcalde confió en que pronto se pueda firmar un protocolo con plazos y cantidades, como se exige en el manifiesto, pero afirmó que hoy no era el día de concretar porque "se están rematando cosas", aunque si aclaró que la iniciativa no es a través del Congreso, sino por la vía del compromiso ministerial. "Espero que pronto tengamos una solución", zanjó.

La presidenta del Grupo Popular, Pilar del Olmo, también confió en que el Ministerio "se ponga las pilar" y firme un documento con plazos y dotación económica y valoró el acto de hoy para "hacer presión" al departamento de Pilar Llop.

El teniente de alcalde Manuel Saravia (Toma la Palabra) reconoció el retraso de este proyecto y lamentó que el Ministerio, al que se ha ofrecido un edificio, no haya recogido el guante, aunque, en línea con el alcalde, se mostró optimista en que pronto habrá un protocolo con fechas y fondos.

"Toca mover ficha al Ministerio", opinó igualmente el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Martín, que valoró "el esfuerzo" del Ayuntamiento, en referencia a la compra del Colegio El Salvador, y lamentó que los presupuestos del próximo año solo consignen 200.000 euros. "Está estancado", resumió sobre el proyecto.

No hubo critica por parte del PP al retraso de este proyecto, aunque el presidente de la Diputación y del partido provincial, Conrado Íscar, si señaló que el Ayuntamiento "ha gastado ocho millones y a día de hoy no hay nada". No obstante, expresó el apoyo de su formación y manifestó que "Valladolid no puede esperar más". "Estamos cansados del olvido", remató.