La propuesta del Gobierno para revalorizar un 8,5 por ciento las pensiones tiene trampa y ha abierto una brecha en la ciudadanía por su falta de equidad e incluso de conveniencia en estos momentos de crisis. Cuando toda la sociedad sostiene como puede sus gastos básicos, afectados por una galopante inflación que ha iniciado un descenso demasiado lento, y espera con temor la factura energética de este próximo invierno, los presupuestos del Estado para el próximo año contemplan una importante subida para todos los pensionistas. Y subrayo lo de 'todos' porque las diferencias salariales entre ellos son muy importantes, tanto que muchos jubilados ganan más que sus propios hijos, trabajadores con cargas familiares, hipotecas y otros gastos que apenas les dejan capacidad de consumo. Y no es demagogia. Les podría ilustrar esta afirmación con muchos datos, pero baste decir que 50.382 pensionistas vallisoletanos (el 45,6 por ciento) no llegan a mileuristas, es decir que cobran menos que el salario mínimo interprofesional, mientras que unos 6.100 perciben la pensión máxima (2.819 euros) o superior y el próximo año superarán los 3.000 euros mensuales tras la subida prevista.
Desde aquí mismo me declaro contrario a esta revalorización lineal prevista para el próximo año. Lo del café para todos no funciona nunca y deja descontentos a la inmensa mayoría. Estoy totalmente de acuerdo en una subida importante para todas aquellas pensiones que se encuentran por debajo del salario medio en España, incluso debería ser superior para quienes no alcanzan a percibir el SMI, sin embargo no creo que la economía española y las arcas públicas estén en situación de incrementar de forma importante las rentas de quienes perciben, por poner una cifra,  2.000 euros mensuales o más. Esto no es equitativo ni progresivo, algo que precisamente debería guiar las actuaciones de quienes se denominan progresistas.
Por supuesto que el Estado debe garantizar unas pensiones dignas para todos, pero también debería de 'ajustar' las ventajas fiscales, sanitarias, vacacionales, etc. que disfrutan los jubilados en función de la renta que cada uno recibe. ¿Por qué un trabajador que gana 1.300 euros mensuales tiene que pagar una parte de las medicinas y un pensionista con 2.000 euros las tiene gratis? Yo no encuentro explicación. Y es solo un ejemplo de los muchos que a todos se nos ocurren. Un país donde sindicatos y patronal no son capaces de alcanzar un pacto de rentas, donde los mejores convenios recogen una subida salarial que no llega a la mitad del IPC acumulado este año, no puede aprobar medidas que agraven la brecha. Trabajadores y pensionistas están en el mismo barco, la diferencia está en las diferencias salariales dentro de ambos colectivos, y ahí es donde hay que poner el acento para vigilar la dignidad de todos, pero no favorecer a quienes más ganan.
Como les decía anteriormente, hay datos más que de sobra para sostener todo esto. Otro ejemplo, la pensión media se ha incrementado casi el triple que los salarios entre 2010 y 2020, mientras que las primeras lo han hecho en un 30 por ciento, los trabajadores han visto aumentada su paga en un 10,8 por ciento, a pesar de crisis económicas y pandemias. Tras la anunciada revalorización, la pensión media de jubilación en Valladolid superará ampliamente los 1.500 euros mensuales, lo que es un buen dato. Hay que dejar de ver a los pensionistas como un colectivo homogéneo y dedicar mayores esfuerzos a quienes no puedan vivir dignamente hasta lograr que nadie perciba menos de esos 1.000 euros en que está fijado el salario mínimo interprofesional.
En definitiva, espero que no se me entienda mal, defiendo una subida de pensiones acorde al IPC para aquellas que estén por debajo de la media, pero creo que quienes más ganan pueden y deben ser solidarios en estos momentos con el resto de la sociedad aguantando una pérdida de poder adquisitivo, algo que estamos haciendo el resto de los trabajadores.