Día 3 de febrero de 2017. Diez de la mañana. En los termómetros, poco más de cinco grados. Y en las solitarias calles de la urbanización Santa Ana reina el cotidiano silencio de esta zona residencial en la que el único tránsito es el de los vecinos, sin coches de paso. Es viernes, pero podía ser cualquier otro día. Nadie se percatará de lo que ocurrirá ese día en uno de los chalés de la calle Tokio. Tampoco de lo que estaba gestándose en los minutos previos al asalto, en el sosegado trajín de padres llevando al colegio a sus hijos, de familias empezando su jornada.

Seis delincuentes vigilan desde primera hora los movimientos de un vecino de la zona, un empresario industrial vallisoletano, para decidir el momento en que desplegarán un plan de acción que cinco de ellos llevan ejecutando con éxito durante varios meses: llamada a su puerta de una falsa repartidora, distracción, violento ataque, secuestro exprés y robo. La detención ilegal será todo lo exprés que quiera la víctima porque esta banda no busca unos cientos de euros y las joyas de la mesilla, como hacen esos ladrones de viviendas vacías. En esta ocasión, el secuestro durará poco más de una hora y el botín será mucho menor del esperado; por no haber, no habrá ni caja fuerte. En esta ocasión casi todo saldrá mal, aunque ellos no lo sabrán hasta dentro de 15 meses.

Huirán de Valladolid 60 minutos después de presentar sus violentos credenciales al industrial con una retahíla de golpes, se darán a la fuga y no tardarán en olvidarse de él, de esa calle Tokio que les dejó un sabor agridulce y de ese frío traicionero del febrero pucelano. No fue su mejor palo, pero lo completaron sin terminar detenidos. ¿Quién iba a relacionarles con un atraco en Valladolid si apenas estuvieron un par de horas en la capital castellana y volvieron a ‘su’ Bilbao? Y así fue hasta que entre el 20 y el 27 de junio del año siguiente fueron recibiendo la visita de la Policía y desfilando ante el juez acusados de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y pertenencia a organización criminal.

JUICIO EL DÍA 23 DE JULIO

Tres años después de la detención en el marco de la Operación Tokio, el próximo 23 de julio –también será viernes– desfilarán ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid para rendir cuentas por un atraco de esos que llaman ‘de película’. En el banquillo se deberán sentar los cinco colombianos que integraban esta banda –aunque uno de ellos está en paradero desconocido, lo que podría ‘suspender’ el juicio– y el vallisoletano que se encargó de dar la información a la organización de los movimientos del industrial, al que marcó como objetivo para este grupo profesional de delincuentes itinerantes.

Fue J.B.B. el último en caer y el primero en esfumarse de la escena del crimen aquel viernes. Él señaló al empresario aquella mañana de febrero, cuando volvía a su chalé de la calle Tokio después de haber llevado a sus hijas al colegio. «Hacía un rato que estaba en casa cuando una mujer con gorra y chaleco de una empresa de mensajería llamó a su puerta. El industrial abrió y ella entabló una breve conversación en la que consiguió que él se asomase un momento y fue ahí cuando otros dos aparecieron y empezaron a darle de golpes, un palizón, hasta conseguir amordazarle y meterle dentro de casa», relatan fuentes cercanas al caso, que explican que eran «gente profesional, que daba palos de estos por todo el país, muy al estilo colombiano». «En la calle, en dos coches, había otros dos que estaban moviéndose por la zona constantemente por si había que dar la voz de alarma. Hablamos de gente muy profesional, que daba estos palos por todo el país».

UNA PALIZA Y AMORDAZADO

Esos eran los cinco de la banda. Cinco delincuentes afincados en Bilbao, con métodos importados de la delincuencia colombiana, que actuaban con gran violencia y que mantuvieron retenido durante una hora a su víctima, atado a una silla y «amenazándole constantemente con cortarle los dedos con un cúter». «No le llegaron a torturar, pero sí se llevó una buena paliza, además de las amenazas hasta que entregó el dinero. Ellos buscaban una caja fuerte, pero al parecer no la había», recuerdan las fuentes consultadas por El Día de Valladolid. «Les dio 3.000 euros y se fueron». El plan no había salido como lo diseñaron, pero al menos habían logrado escapar y repartirse unos cientos de euros para ir tirando hasta el siguiente golpe.

Lo que ellos no sabían era que el caso caía en manos de un equipo de investigadores que no paró hasta dar con ellos. El Grupo de Homicidios de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid se ponía manos a la obra con uno de esos asuntos que no suelen verse a orillas del Pisuerga. Durante un año, los investigadores rastrearon todas las cámaras de seguridad de la zona en busca de coches que no eran habituales de la urbanización y una vez que se dio con los dos de los sospechosos, se les consiguió poner nombre; luego, se procedió a la triangulación de sus móviles y, finalmente, las pesquisas pudieron situarles en Valladolid el día D y la hora H.

Una investigación minuciosa y que, 15 meses después, permitió el arresto de los cinco colombianos y del ‘espía’ vallisoletano y que ahora deben rendir cuentas del violento ante la justicia.