Contra las cuerdas

Agencias
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La crisis de refugiados por la invasión de Ucrania se está convirtiendo en un desafío para países como Rumanía o Moldavia, lugares de acogida ya de por sí vulnerables por la elevada pobreza

Contra las cuerdas - Foto: Lorena Sopêna

Mientras el número de desplazados sigue aumentando en Ucrania por la guerra, hasta superar ya los 14 millones, la crisis de refugiados se está convirtiendo en un gran desafío para unas comunidades de acogida ya de por sí vulnerables y debilitadas debido a la falta de recursos y el alto nivel de pobreza. Este es el caso, principalmente, de países como Rumanía y Moldavia, donde las personas que llegan al territorio requieren una respuesta mantenida en el tiempo que debe ser, a su vez, compleja e integral.

Para el director de la ONG World Vision, Javier Ruiz, este es uno de los nuevos retos a los que se enfrentan las organizaciones sobre el terreno de cara a una «cronificación del conflicto». «Un país como Moldavia tiene un alto nivel de pobreza y esto hace que sea muy difícil para las familias seguir ayudando a otras si no las apoyamos a ellas», alerta.

«Desde el inicio del conflicto pusimos en marcha una respuesta multipaís que vamos adaptando según las necesidades, pero si la crisis se alarga vamos a tener que ser capaces de adaptarnos e integrar a todas las familias refugiadas en los sistemas educativos, de salud, de protección infantil (...) y esto va a requerir el esfuerzo coordinado de todos los actores implicados para poder ayudarlos», asevera.

Así, especifica que si el número de desplazados que se quedan en Moldavia llega a los 200.000, «se estaría hablando de un incremento del 10 por ciento de la población de un país que ya de por sí cuenta con pocos recursos».

Ruiz, que se encuentra en Bucarest (Rumanía), defiende que el papel de los gobiernos es «fundamental». «Por una parte, es clave para la coordinación entre las agencias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y todos los actores implicados en la respuesta y, por otra parte, los gobiernos están impulsando la creación de alianzas», manifiesta. En este sentido, señala que si bien el estadio rumano de Romexpo ha sido cedido por el Ejecutivo para acoger a los ucranianos, son las ONG las que siguen proporcionando alimentos, kits de higiene y salud e internet, entre otras cuestiones.

Por ello incide en la importancia de que la comunidad internacional «redoble los esfuerzos por el diálogo y la construcción de paz, cumpla el Derecho Internacional, mantenga las fronteras abiertas y habilite presupuestos adicionales» para hacer frente a la crisis.

«Ningún civil debe ser objetivo de ataques y hay que protegerlos», insiste antes de explicar que los presupuestos tienen que ser «adicionales» porque «en ningún caso deben derivarse de fondos destinados a crisis y conflictos preexistentes en el mundo».

El deseo de volver a casa

Actualmente, la posibilidad de que las familias desplazadas traten de volver a su país es «muy real», según explica, dado que existe un «deseo fundamental de volver cuanto antes a sus hogares y reencontrarse con sus familiares».

«Ya empezamos a ver que son muchas las familias que tratan de volver cuando ven una mínima posibilidad de regresar. Este riesgo es muy real», lamenta, al tiempo que recuerda que la mitad de los refugiados son menores que sufren «consecuencias devastadoras» a raíz de este conflicto.

Ruiz recalca que «hay cientos de niños muertos» mientras otros 5,7 millones «han visto interrumpida su educación y han sufrido daños psicológicos que los acompañaran toda la vida». «Miles han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse a países vecinos o desplazarse internamente», añade.

«La protección infantil es otro factor fundamental. Al llegar muchos menores no acompañados o menores con sus madres el riesgo de abuso, explotación y tráfico está realmente incrementándose», asegura este experto, si bien ha precisa que muchos de ellos tratan de seguir lo que queda de curso académico vía online.

No obstante, según sostiene, «los riesgos para los refugiados son muy graves a medida que la situación se alarga y el conflicto se cronifica», por lo que «los países deberán responder para integrarlos en el sistema de educación y de salud». «Esto hará que las familias y comunidades de acogida no puedan aguantar más tiempo», zanja.