Ecologistas en Acción criticó hoy que el Ayuntamiento de Valladolid prevea implantar la Zona de Bajas Emisiones de forma efectiva en enero de 2024, lo que para la organización supone un año de retraso sobre el plazo legal, que expira este 31 de diciembre. Así avanzó alegaciones sobre la ordenanza que se aprobará de forma inicial mañana martes en el Pleno municipal.
En un comunicado, la organización recordó que la contaminación atmosférica ocasiona en Valladolid más de 200 muertes cada año, según el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el Instituto de Salud Global de Barcelona. Los contaminantes responsables de este grave problema sanitario son el dióxido de nitrógeno y las partículas, en invierno, y en verano el ozono, emitidos directa o indirectamente por el tráfico motorizado, principal responsable de la calidad del aire que respiramos en la ciudad.
Ecologistas indicó que , según el Proyecto Técnico de la zona de bajas emisiones elaborado por el Ayuntamiento, sólo una sexta parte de los vehículos que actualmente acceden al centro urbano carecen de etiqueta ambiental y por ello serían los únicos afectados por las restricciones previstas el 1 de enero de 2024, aumentando hasta la mitad del parque circulante los afectados por las restricciones previstas el 1 de enero de 2025, cuando éstas se extenderían a los de etiqueta B.
No obstante, como buena parte de los vehículos sin etiqueta y con etiqueta B se encuentran entre los exentos y autorizados a accesos temporales, en la práctica el Proyecto de Ordenanza de la zona de bajas emisiones de Valladolid es un "coladero" que a su juicio ni siquiera permitirá cumplir los objetivos de calidad del aire, cambio climático y cambio de modos de transporte propuestos por el Proyecto Técnico de la Ordenanza, en el centro y en el resto de la ciudad.
En concreto, denunció que no se contempla restringir el acceso, la circulación y el estacionamiento en el centro urbano de los vehículos con etiqueta C hasta el 1 de enero de 2030, que en ese momento serán aproximadamente la mitad de los circulantes y acumularán una antigüedad de hasta 24 años, en el caso de los de gasolina. "En esa fecha la zona de bajas emisiones debería en realidad ampliarse al conjunto de la ciudad, para beneficiar también a los barrios", indicó Ecologistas.
En su opinión, el Ayuntamiento debe compensar el retraso en la implantación de la zona de bajas emisiones con una progresión más rápida en las restricciones, de manera que el 1 de enero de 2024 ya no puedan acceder al centro urbano los vehículos sin etiqueta ni con etiqueta B, y el 1 de enero de 2025 se amplíe la limitación a los vehículos con etiqueta C y Eco. También pidio ampliar la zona de bajas emisiones a toda la ciudad en 2030.
"Es importante que el fundamento de las limitaciones por etiqueta ambiental sean las emisiones reales de los vehículos, no las legisladas que el dieselgate ha demostrado que incumplen fraudulentamente todos los fabricantes. Así, las emisiones reales de los vehículos con etiqueta Eco (híbridos y a gas, la mayoría SUV) son superiores a los de los vehículos más modernos de gasolina y gasoil, por lo que no debería permitirse su acceso libre al centro urbano", añadió.
Además, la organización ambiental consideró "abusivo" el acceso libre a los aparcamientos rotatorios del centro, que junto al "favorable" tratamiento de los SUV privilegia, a su juicio, la movilidad motorizada de las personas con más renta, contra lo anunciado públicamente por el equipo de gobierno. En su opinión, la población de bajos ingresos en general no dispone de coche o de dinero para la compra de combustible, siendo usuaria del transporte público y los medios activos.
Finalmente, Ecologistas en Acción recordó que las bases de las subvenciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por las que el Ayuntamiento de Valladolid ha recibido hasta el momento más de 15 millones de euros de fondos europeos, obligan a que las zonas de bajas emisiones incluyan una parte significativa de la ciudad, garanticen la reducción de emisiones y prevean la reordenación del espacio público en favor del transporte público, las bicicletas y los peatones.