Desde la aprobación de la reforma laboral el Gobierno ha puesto el foco en el control de la contratación. Tanto es así que en mayo puso en marcha un plan de choque para combatir el fraude por parte de las empresas. Una iniciativa que, por primera vez, pone un énfasis especial en los posibles usos de los contratos fijos discontinuos en situación laborales en las que se debería hacer al trabajador un contrato indefinido ordinario.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha enviado 86 cartas a empresas de Valladolid para que aclaren la relación laboral que tienen con 340 trabajadores a los que han hecho este tipo de contrato. En realidad esta comunicación forma parte de un plan nacional, mediante el cual se han remitido 83.619 cartas, de las cuales 14.601 corresponden a posibles incumplimientos en materia de contratación de fijos discontinuos. Una situación que en toda España afecta a 54.006 empleados.
Así lo reveló recientemente el Gobierno en una contestación a una pregunta escrita presentada por el senador socialista Miguel Ángel Heredia. «Si hasta la fecha las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esta materia se habían centrado en los contratos temporales fraudulentos, así como en los celebrados a tiempo parcial que encubren jornadas de trabajo superiores a las pactadas, ahora se han intensificado de manera decidida las actuaciones dirigidas a vigilar que los contratos fijos discontinuos respondan a su normativa específica, vigilando que no encubran relaciones laborales que respondan a contratos indefinidos ordinarios», señala el Gobierno en la respuesta escrita.
El plan del Gobierno comprende dos fases. La primera consiste en el envío masivo de cartas a las empresas donde hay indicios de que se está produciendo un fraude. Unos indicios que se obtienen con el uso de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, un sistema automático que cruza una serie de datos para avisar de contrataciones laborales que pueden ser anómalas. Una vez enviada la carta, las empresas tienen un mes para regularizar las situaciones que pudieran estar al margen de la ley.
Transcurrido ese plazo, comienza otra actividad inspectora en las empresas en las que no se ha procedido a la transformación de los contratos. El Gobierno, en su respuesta a Heredia, incide en que este fraude tiene repercusiones que van más allá de una modalidad de contrato que no es la que corresponde a la relación laboral. Por ejemplo, las bajas indebidas de los trabajadores afectados y, por ende, una «posible percepción indebida de prestaciones por desempleo».
El contrato fijo discontinuo está diseñado para relaciones de trabajo fijas, pero que el trabajador desempeña en periodos de tiempo concretos. Por ejemplo, se pueden utilizar en un negocio de hostelería que trabaja por temporadas o que en determinados momento del año, como el verano, tiene un repunte de actividad. En cambio, el contrato indefinido ordinario se firma sin que haya una fecha fijada para el fin de esa relación laboral.
Esta campaña de la Inspección de Trabajo se suma a la realizada en los últimos años, mediante la cual casi 2.300 contratos temporales se transformaron en indefinidos en Valladolid entre enero de 2019 y septiembre de 2021. La cifra en Castilla y León superó los 8.000 contratos modificados.
La presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, ha criticado en los últimos años la «presión inspectora» que «sufren» las empresas de Castilla y León, lo cual, según ella, supone que tienen que destinar un importante número de recursos a atenderla. Durante la Asamblea General de CEOE Valladolid 2021, lamentó que en 2019 la Inspección realizara 32.880 visitas a empresas de la Comunidad, frente a las 24.515 de Madrid, pese a la diferencia que hay entre un tejido industrial y otro.
Los fijos discontinuos se multiplican por diez
Que la Inspección de Trabajo esté poniendo el foco en los contratos fijos discontinuos no es una casualidad. La aprobación de la reforma laboral ha hecho que se disparen y los sindicatos ya han alertado de que pueden suponer un nicho de fraude si no se controlan, que es lo que intenta hacer el Gobierno. Se trata de que la temporalidad no se convierta en la 'parcialidad'.
Valladolid no es una excepción a esta tendencia. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta agosto, últimos datos disponibles, se firmaron en Valladolid 8.328 contratos a tiempo parcial, una cifra que contrasta con los 799 del mismo periodo del año pasado, cuando la reforma laboral no estaba en vigor. Es decir, estos contratos se han multiplicado por diez.
Y está claro que el punto de inflexión ha sido la entrada en vigor de la reforma laboral el 31 de marzo de este año. En enero se firmaron en Valladolid 171 contratos fijos discontinuos; en febrero, 215; y en marzo, 333. Pues bien, en abril, primer mes con la reforma en vigor, esa cifra se disparó hasta los 1.189, una tendencia que se mantuvo en los meses posteriores.
menos temporalidad. Bien es cierto que la reforma ha logrado uno de los objetivos más importantes que perseguía: reducir la temporalidad. El año pasado solo el 10,3 por ciento de los contratos que se firmaron en Valladolid fueron indefinidos. Pues bien, hasta agosto de este año este porcentaje ha subido al 31,7 por ciento, teniendo en cuenta que en el primer trimestre la reforma no estaba en vigor.
Entre enero y agosto se han firmado en Valladolid 29.039 contratos laborales, de los que 12.340 fueron a jornada completa, 8.328 a jornada parcial y 8.317, fijos discontinuos. Los datos por sexos también revelan que las mujeres siguen asumiendo un mayor porcentaje de contratos de jornada parcial, uno de los motivos de la brecha salarial. Solo el 18,8 por ciento de los 16.070 contratos firmaron por hombres fueron de este estilo, frente al 40,8 por ciento de los 12.969 contratos firmados por las mujeres.