El avispero de la guerra fiscal entre comunidades está más agitado que nunca. A un lado de la colina, las regiones gobernadas por el Partido Popular, al otro, el Gobierno central, mientras País Vasco y Navarro observan la contienda desde su atalaya. La cascada de anuncios de rebajas fiscales que inició este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y siguieron sus homólogos en Murcia, Fernando López Miras, y Galicia, Alfonso Rueda, ha vuelto a reabrir el debate sobre la conveniencia, o no, de bajar tributos para atraer inversión, generar empleo y aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Castilla y León ya anunció hace semanas un paquete fiscal que incluía una rebaja del 0,5 por ciento del tramo mínimo del IRPF, así como la modificación de otras tasas, que se unen a la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, y no se quiere quedar atrás en la carrera tributaria que comanda la Comunidad de Madrid.

Precisamente, la región vecina del sur  es el principal destino de los trabajadores autonómicos que se cambian de región para emplearse. De hecho, el 60% de los 70.000 ocupados castellanos y leoneses que en 2021 se mudaron de comunidad lo hicieron hacia zonas con una fiscalidad más baja que la autonómica. En total, y tras los anuncios de los últimos días, hay solo tres comunidades del régimen común –País Vasco y Navarra quedan fuera– que tienen una presión tributaria más laxa que Castilla y León en el computo total de los principales impuestos, según los datos del último panorama de la fiscalidad autonómica presentado por el Consejo General de Economistas. 

La Comunidad de Madrid tiene unas tasas de IRPF, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales por debajo de la región; Galicia hace lo propio con Patrimonio y Sucesiones; y Andalucía, con la deflactación del IRPF y supresión de Patrimonio anunciadas, también es inferior. Por el contrario, la presión fiscal del resto de regiones está por encima de la castellano y leonesa, algo que, por otra parte, no ha evitado que casi 30.000 trabajadores opten por estas como lugar de trabajo.

Trabajo o fiscalidad

?Y es que, solo la Comunidad de Madrid se llevó casi 30.000 empleados durante el pasado año según la matriz de movilidad laboral del Servicio Público de Empleo Español (Sepe). Una cifra que vuelve a poner de manifiesto el 'agujero negro' que la región madrileña supone para Castilla y León, hacía donde también partieron casi medio centenar de empresas solo durante el primer semestre de este año. «La Constitución da la potestad a las comunidades para fijar sus propios impuestos», explica el decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, JuanCarlos de Margarida, que, no obstante, matiza que «otra cosa es si es lo apropiado o no, por el momento económico en que nos encontramos».

Andalucía, por su parte, fue el destino de otros casi 8.000 empleados, y Galicia acogió a 4.300 ocupados castellanos y leoneses. Hacía el otro lado de la colina, aquellas comunidades con impuestos más elevados que en los autonómicos se desplazaron casi 30.000 personas, el cuarenta por ciento del total, donde destacan los 5.000 de Cataluña, los 4.000 de Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. Datos que ponen de manifiesto cómo los trabajadores se movilizan, no solo hacia zonas con menor presión fiscal, sino también a donde se encuentra el empleo o regiones vecinas. «Los cambios en la fiscalidad entre comunidades mueve inversiones de empresas, más que de trabajadores.Estos se mueven por el trabajo y no tanto por los impuestos», reflexiona De Margarida, que apunta que con esta batalla fiscal entre regiones «lo que nos estamos jugando son las inversiones de empresas. Que en vez de en Madrid o Andalucía, venga aquí».

Impuesto de Patrimonio

El anuncio esta semana del presidente andaluz de la supresión del Impuesto de Patrimonio, unido a que Murcia también ha anunciado que estudiará su supresión, ha dado alas a la patronal autonómica para retomar con fuerza una de sus exigencias más antiguas. «Se lo llevamos pidiendo muchos años a la Junta de Castilla y León, y yo creo que ya toca», reconoce a este periódico el presidente regional de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Santiago Aparicio, que, tras el movimiento de ficha andaluz y murciano, insiste: «Castilla y León tienen que hacerlo ya». 

Un extremo que, por el momento, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, trata de esquivar, y esta semana explicó que el Impuesto de Patrimonio se eliminará en Castilla y León «cuando se pueda». Tributo que en la Comunidad pagaron en 2020 –último ejercicio con datos oficiales– 7.607 personas que declararon un patrimonio neto superior a los 700.000 euros y reportó a las arcas autonómicas 33,4 millones de euros. En cualquier caso, este jueves avanzó que el Gobierno regional aprobará más bajadas de impuestos con efecto retroactivo a este año, aunque no quiso detallar en qué tributos.

«Hay que atraer inversores, no espantarlos. Si una empresa está domiciliada aquí y a su propietario le van a gravar dos veces, pues seguramente se irá a Madrid o Andalucía», insiste el dirigente de la patronal que asegura que con este gravamen «están pillando al pequeño y mediano empresario que tras muchos años de trabajo tiene un pequeño patrimonio».

No obstante, las cifras de movilidad empresarial del Colegio de Registradores del primer semestre del año muestran como 30 de las 71 sociedades de Castilla y León que entre enero y junio se trasladaron a comunidades que tienen vigente el Impuesto de Patrimonio. Madrid, la única que por el momento lo tiene eliminado, acaparó ella sola a 41 firmas de la región.

Movimiento del Gobierno

Una contienda fiscal entre comunidades que hecho saltar las alarmas en el Ministerio de Hacienda, cuya responsable, María Jesús Montero, salió al paso esta semana para poner sobre la mesa la posibilidad de reducir el margen de las autonomías para llegar a suprimir la tributación de los impuestos sobre los cuales tienen competencia, ante el riesgo de incurrir en 'dumping' fiscal. Para ello, avanzó que se estudia la posibilidad de una armonización tributaria, «no una recentralización», para «evitar la competencia fiscal a la baja», o 'dumping' fiscal que provocan comunidades «con mayor capacidad recaudatoria gracias al efecto capitalidad» y que «obliga» a otras a suprimir los impuestos.