España necesita un pacto global de Estado en el que se diseñen medidas para construir un país más boyante, con más oportunidades y más competitivo en la compleja globalidad de este tiempo. Son muchos los ejemplos que se suceden diariamente y que se pueden enumerar y en los que se percibe en la toma de decisiones un interés político excesivo que antepone intereses partidistas o electoralistas en detrimento del interés general, lo que lastra el crecimiento global. Cuestiones como la despoblación, las pensiones y el bienestar social o la educación, por mencionar algunos de los más básicos, recientes y recurrentes, deberían partir de unos mínimos consensuados porque son inversiones que garantizar futuro, creando estructuras sólidas y competitivas.
El último de estos ejemplos, y estrechamente relacionado con la despoblación, se puede encontrar en la decisión del Gobierno anunciada este lunes de escoger a la ciudad de Sevilla como sede de la futura Agencia Espacial Española, y A Coruña para albergar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Seguramente, dos urbes con capacidad y merecedoras de acoger tan importantes centros. Sin embargo, la necesidad real que arrastra este país de descentralizar organismos en favor de ciudades y municipios con baja densidad de población, ni siquiera, necesariamente, hacia el despoblado medio rural, la medida anunciada resulta polémica (independientemente de que siempre hubiera sido cuestionada) por la carga política preelectoral que arrastra –que se puede discutir, pero no negar–.
Esta falta de objetividad, equilibrio o imparcialidad está presente en otras muchas decisiones, y no permiten que se encauce la frágil situación económica en la que España se encuentra, siempre a merced de los vaivenes de los mercados internacionales o supeditada a criterios supranacionales. No en vano, hace apenas un par de días Europa avisaba a España de que puede cancelar fondos europeos de recuperación –una amenaza real– por la preocupación existente ante la cuestionable sostenibilidad del sistema de pensiones en España, que tampoco ha sido fruto de ningún consenso.
Mientras, se acumulan las decisiones condicionadas por grupos minoritarios en otros aspectos que llenan la agenda política y que elevan la tensión política hasta límites insospechados. Esta crispación está impidiendo que se dé una oportunidad a un gran pacto de Estado para el desarrollo, especialmente de cara a la estabilidad –que es lo que ansían empresarios e inversores, autentica fuente de riqueza del país–, y que bien puede ser compatible con la diversidad de las ideologías de los partidos. Mientras esto no se corrija, seguirá creciendo la convulsión y se lastrarán las oportunidades, más aún cuando las generaciones –garantía de futuro– crecen sin un sistema educativo consensuado.