El Programa Operativo del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León para el periodo 2021-2027 contempla una inversión de 282,36 millones, de los que 113 millones -el 40 por ciento- son aportados por la Junta y 169,4 millones -el 60 por ciento- por la Unión Europea.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó ayer en un acto con representantes de entidades sociales de inclusión social y discapacidad, agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, este programa aprobado por la Comisión Europea el pasado 2 de diciembre y que se prolongará hasta el año 2027.

Carriedo explicó que Castilla y León es un territorio en transición, por lo que le corresponde una aportación europea del 60 por ciento, frente al 85 previsto para las zonas menos desarrolladas -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- y ultraperiféricas. En el mismo grupo de la Comunidad se encuentran también Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, ya que su Producto Interior Bruto per cápita se sitúa entre el 75 y el 100 por cien de la media europea. En el caso de las más desarrolladas -Madrid, País Vasco, y Cataluña, entre otras– la financiación se reduce al 40 por ciento.

En ese sentido, el consejero explicó que el Fondo Social Europeo+ (FSE+) de Castilla y León ha sido elaborado por diferentes administraciones públicas (Ministerio de Trabajo y Junta) e implica a cuatro consejerías -Industria, Comercio y Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Movilidad y Transformación Digital-.

La programación acordada tiene que cumplir, al menos, con la siguiente concentración temática: un 25 por ciento destinado a inclusión social; un 12,5 para empleo juvenil; el cinco para luchar contra la pobreza infantil; al menos el tres de privación material, y al menos un 0,25 por ciento de capacitación de interlocutores y agentes sociales.

Retos.

El primer reto de este programa es la reducción del desempleo, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de acciones para la igualdad efectiva, especialmente entre colectivos vulnerables como parados de larga duración, mujeres, personas con discapacidad, ciudadanos con baja cualificación y migrantes y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

También pretende mejorar la formación y capacitación de la población, fomentar el aprendizaje permanente, el reciclaje profesional y la adquisición de competencias básicas o digitales.

Además, persigue la igualdad de oportunidades y la no discriminación de colectivos vulnerables y personas con discapacidad, mediante la orientación, acompañamiento y elaboración de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral.

Otro de los fines es garantizar una educación «inclusiva y de calidad» en todas las etapas formativas y fortalecer el sistema de protección a la infancia.