La galopante inflación que venimos arrastrando desde hace ya unos cuantos meses no parece tener límite ni tampoco tiene pinta de ser tan coyuntural como pintaban desde el Gobierno en el último trimestre del pasado año. Su aproximación a los dos dígitos nos hace mirar décadas atrás para encontrar una situación similar, lo que ya indica que se trata de algo extraordinario y como tal deben actuar las administraciones públicas. Los bolsillos de los ciudadanos están temblando sin que haya crecido el salario de los trabajadores, y evidentemente el consumo se ha reducido al haber aplazado decisiones de compra en espera de que despeje el panorama. En el caso de las empresas, el problema es mucho mayor, ya que muchas veces el encarecimiento de los materiales les lleva a situaciones de tesorería insostenible y en ocasiones a no poder continuar con las obras iniciadas.
Planteado el problema, habría que preguntarse qué han hecho los responsables políticos y las administraciones públicas para frenar la repercusión en la economía que pueda tener todo esto, ya que a la inflación se le une la guerra de Ucrania, la crisis energética y el incremento del precio de los carburantes. La respuesta es desoladora, pues las soluciones adoptadas hasta ahora se miden entre cero y nada. Indudablemente, ante un momento excepcional hay que tomar medidas que permitan la supervivencia del tejido empresarial, la continuidad de las obras públicas y que a los ciudadanos les permita no perder poder adquisitivo. Desde luego, es complejo y no se pueden sacar conejos de la chistera, pero el Gobierno y la Junta deben aprobar ya mismo iniciativas que permitan coger aire tanto a los ciudadanos como a las empresas.
En este caso, me gustaría ahondar en el mal momento que están pasando las empresas que contratan con las administraciones. Como contamos hoy en las páginas de El Día de Valladolid, 24 licitaciones de obra pública han quedado desierta entre el pasado año y el primer trimestre de 2022 por un valor cercano a los cinco millones de euros. Una veintena de municipios, incluida la capital, se han visto afectados por la ausencia de contratistas que quieran ejecutar los trabajos al precio de la oferta. Evidentemente, la solución claramente pasa por un incremento del presupuesto a la hora de contratar las obras y por admitir modificados para ajustar el encarecimiento de los materiales al precio final. El Gobierno ya ha dado un paso para hacerlo posible, aunque de momento la parálisis que mantiene la Junta, sin formar gobierno dos meses después de las elecciones autonómicas, no ha hecho posible que ya puedan acogerse a esta posibilidad las empresas afectadas.
Los ayuntamientos y organismos públicos se están encontrando con un problema que provoca un revolcón en sus presupuestos anuales, que en muchos casos les obliga a sacrificar inversiones y proyectos municipales porque otros se comerán su partida. Hay que tener en cuenta que las corporaciones locales se encuentran además con fuertes subidas de los gastos energéticos, principalmente la luz y el gas, lo que está llevando a grandes dificultades para llevar a la práctica las previsiones presupuestarias marcadas para este ejercicio. Los hermanos mayores, en este caso Diputación, Junta y Gobierno, deben poner de su parte para garantizar la supervivencia económica de los pueblos. La solución pasa por más ayudas para financiar este tipo de gastos, medidas que ya ha anunciado la Diputación de Valladolid con tres millones que pondrá a disposición de los ayuntamientos. También las familias y las empresas sufren por este sobrecoste irracional, por lo que la urgencia en la adopción de otras medidas que frenen los precios o de una bajada de impuestos que colabore a la economía familiar es fundamental para que la recuperación económica emprendida después de dos años de pandemia pueda continuar escalando y no sufra un frenazo en seco que repercuta aún más en la sociedad.