La Junta de Portavoces parlamentarios de la próxima semana estudiará la posibilidad de reducir el gasto que las Cortes dedican a los grupos políticos y a abonar las dedicaciones exclusivas de los miembros de la Mesa, los portavoces y algunos procuradores. En concreto, se trata de una cuantía que actualmente ronda los seis millones de euros anuales y que PP y Vox querrían reducir de cara a la nueva Legislatura. El futuro vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, fue quien abrió ayer este 'melón', al que más tarde se sumó el Partido Popular «en virtud de lo reflejado en el pacto de Gobierno», según explicó Raúl de la Hoz. Concretamente se remiten al eje número 11 del acuerdo, que reza: Reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos». En la última legislatura (2019-2022), las dedicaciones exclusivas en las Cortes fueron de un total de 26, las seis de los miembros de la Mesa y 20 en los grupos parlamentarios, ocho en el Socialista, siete en el Popular, tres en Ciudadanos y dos en el Mixto. 

Un coste para las arcas de las Cortes cercano a los dos millones de euros anuales entre salario y dietas de estos 26 procuradores, cuyas retribuciones oscilaron entre los 78.303 y los 97.955 euros anuales según se recoge en el portal de las Cortes de Castilla y León. Esta salario se les concede en virtud de su condición de procuradores con dedicación exclusiva, que significa que en el ejercicio del cargo tienen prohibición desempeñar cualquier otro trabajo o actividad profesional. Este es precisamente uno de los puntos donde quiere recortar el nuevo Gobierno de la Comunidad el gasto. 

El otro reside en las asignaciones a los Grupos parlamentarios, que en la anterior Legislatura rondaban los cuatro millones de euros anuales. Un gasto que se divide entre los 3.850 euros que reciben los grupos cada mes de forma fija, lo que supone unos 200.000 al año para cada formación; y los 3.660 euros al mes por procurador obtenido en las elecciones,  hasta un total de 3,5 millones al año. Un punto que depende de la representación obtenida, y que en virtud del 13-F dejaría unos ingresos de 1,3 millones anuales al PP; de 1,2 al PSOE; otros casi 600.000 a Vox; 130.000 euros cada año a la UPL y Soria ¡Ya!; y al Mixto.

Imagen del Parlamento autonómico hace una semana. - Foto: Ical

García-Gallardo puso el tema sobre la mesa tras reunirse conel presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y aseguró que el acuerdo de gobierno rubricado entre PP y Vox incide en la reducción del gasto público, un punto en el que aseguró que bajarán las atribuciones a los grupos parlamentarios, aunque consideró que la propuesta se tiene que hacer por acuerdo con el PP. Algo que más tarde confirmó el popular Raúl de la Hoz, que reconoció la posibilidad de que se reduzcan las dedicaciones exclusivas de procuradores de las Cortes y la asignación a los grupos, como había plantado Vox, si bien para ello se llevará a cabo un análisis de «todo de forma global» para ver «si es posible o no». Asimismo, reiteró que estos recortes forman parte del acuerdo entre los dos partidos que recoge la disminución del gasto «institucional y público ineficaz».

Atenta a la democracia

Una posibilidad que el líder regional del PSOE, Luis Tudanca, consideró como la «antipolítica» y un «atentado contra la democracia». El socialista, que recordó que Castilla y León cuenta con el único parlamento que carece de dedicación exclusiva de sus procuradores, defendió el papel de las Cortes como «poder legislativo, sede de la soberanía de Castilla y León y único sitio en el que están representados los ciudadanos en defensa de la democracia». Sostuvo que no es «un debate monetario, sino democrático» y defendió la democratización de la política y que los representantes de los ciudadanos cobren por su trabajo. No obstante, también manifestó que «el debate no está encima de la mesa» y la posibilidad de que cualquier procurador pueda cobrar de la Cámara «se tiene que hacer por consenso y con transparencia». «No es un debate urgente», apostilló tras su reunión con el presidente de las Cortes.