El PP no quiere que Bildu y ERC tengan vocales en el nuevo Consejo General del Poder Judicial; Pablo Iglesias, que apadrina la maniobra, no se apea de la promesa que les ha hecho y al igual que Pedro Sánchez argumenta que en las instituciones deben estar representados los partidos del arco parlamentario.
Si se acepta esa explicación, habría que preguntar entonces al presidente de gobierno y a su vicepresidente segundo por qué bloquean la presencia de Vox en las instituciones del Estado. El partido de Abascal tiene diez veces más escaños que cualquiera de los dos partidos que tanto gustan a Sánchez e Iglesias y sin embargo no se contempla que estén representados en el CGPJ. Tendrían que cambiar mucho las cosas para que se abriera la puerta al partido de Abascal.
No deje de ser sorprendente el empeño de los independentistas y de los herederos de ETA por formar parte del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de dos partidos que no han reconocido las decisiones judiciales que les eran adversas y en el caso de Bildu, además, ha aplaudido los atentados contra importantes figuras de la judicatura. Incrustar a miembros de ERC y de Bildu en el Consejo es, llanamente, meter al enemigo en casa, y la insistencia de su valedor Pablo Iglesias es sospechosa, porque conoce perfectamente la opinión de esos dos partidos respecto a la Justicia española. Uno y otro acumulan declaraciones y hechos suficientemente graves como para dudar de su capacidad para formar parte de un organismo cuya prioridad es defender la Justicia y a los que deben garantizar su correcta aplicación.
Este gobierno ya dio una puñalada a la obligada independencia de la Justicia con la designación de María Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, llegada directamente del sillón ministerial de Justicia. Como se temía, ha intervenido en asuntos ante los que debía apartarse y tomado iniciativas que han puesto en duda la imparcialidad de fiscales que, en algunos casos, no han dudado en expresar su disconformidad por las interferencias de Delgado.
Así y todo, el presidente de gobierno que tanto alardea de defender por encima de todo la democracia, acepta un CGPJ con miembros de dos partidos con larga trayectoria ajena a los modos democráticos y amenaza al PP con cambiar la ley y rebajar el número de votos necesarios para elegir a los nuevos miembros del CGPJ. A pesar de que la Unión Europea ha alertado sobre ese cambio de la ley por considerar que no se atiene a las normas exigibles para impedir la politización de la Justicia y garantizar la independencia de los jueces.
Ni Sánchez ni Iglesias pueden dar lecciones de democracia a nadie: arramblan con lo que sea con tal de conseguir su único objetivo, que es mantenerse por los siglos de los siglos en el poder con unas instituciones serviles que den luz verde a todas sus iniciativas. Las que sean.