A Óscar Sánchez le gusta bromear a veces con sus alumnos de la Facultad de Derecho contándoles que estuvo infiltrado en la política durante unos años «como los investigadores que van a la selva». Su etapa como procurador en la Cortes regionales la recuerda como muy interesante y destaca que le da una visión única para dedicarse al Derecho Constitucional. «Te hace salir un poco de la teoría y saber cómo es la práctica». Aunque recalca que es un complemento a sus casi 30 años de trayectoria investigadora y docente, que ahora reciben el reconocimiento con su nombramiento en la Comisión de Venecia. 

¿Qué significa formar parte de la Comisión de Venecia, un órgano desconocido para muchos?

Es verdad que es desconocido para la población, pero no para los que nos dedicamos al campo del Derecho Constitucional. Es el órgano consultivo del Consejo de Europa. Para nosotros es un órgano muy importante. Y para mí es un reconocimiento y un reto importantísimo. 

Al que se accede por currículum.

Después de 28 años que llevo en la Uva dedicándome al Derecho Constitucional, esto es un reto profesional y un gran honor. Está compuesto por juristas de prestigio y se hace una labor discreta, pero muy importante porque se crean estándares comunes que sirven para marcar el mínimo aceptable en materia de democracia, estado de derecho, requisitos para llevar a cabo unas elecciones libres,…

¿Cuántos hay por cada país?

Dos. Es un acuerdo ampliado en el Consejo de Europa, que permite que formen parte también otros países. Ahora mismo hay países de cuatro continentes. Se le considera como un órgano que tiene una voz muy importante en el campo internacional.

En la Comisión también está Paloma Biglino, compañera de la UVa.

Sí. España tiene tres representantes porque a Paloma Biglino se le ha dado la posibilidad de continuar otro mandato más. Es una coincidencia, y en parte no lo es, porque Paloma es mi maestra y con la que he colaborado mucho en los últimos años en la propia Comisión de Venecia. Aunque ahora soy miembro, antes ya había participado en misiones de asistencia electoral en países como Moldavia o Túnez, dos veces en misiones de observación electoral en las elecciones legislativas de Marruecos o haciendo informes sobre la legislación electoral mexicana,… Esto es una especie de promoción.

Visto el perfil de los asuntos en lo que trabaja, ¿la Comisión puede tener un papel fundamental en la plasmación de una resolución formal a la guerra de Rusia y Ucrania?

Se creó en 1992 para ayudar, de alguna manera, en los procesos de transición a la democracia en los países del este. Esto conlleva un asesoramiento técnico en materia de reformas constitucionales, legales,… Y puede llegar a tener un papel a posteriori, si hubiera un acuerdo en el que se plantease que una parte del territorio tuviera un estatus especial y hubiera que crear una legislación específica. Pero la Comisión actúa a petición de los estados. Si, en este caso, Ucrania pidiese colaboración de los expertos para la elaboración de legislación relacionada con ciertos territorios podríamos asesorar.

Aunque las resoluciones no son vinculantes.

Es lo que llamamos el 'derecho blando'. Pero es muy importante porque crea lo estándares mínimos, que aunque no sean de obligado cumplimiento, la mayor parte de los estados quieren, de alguna manera, acomodarse a ellos. Por lo tanto, influyen mucho en la elaboración de las normas internas de los países. Y también influyen a través de la jurisprudencia, como pasa con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha ido cogiendo material de los informes de la Comisión en materia de elecciones y de partidos políticos. 

En la Comisión están expertos de reconocida solvencia. Su especialización son los partidos políticos y la legislación electoral, que en España está pendiente de una revisión que se dilata en el tiempo.

La Ley Electoral, que se aprobó en el año 85, se ha reformado muchas veces. Lo que pasa es que hay muchos aspectos que todavía quedan sin reformar y la mayor parte de los expertos entendemos que es necesario modificarla. Por ejemplo, la regulación de las campañas en la era digital, un aspecto en el que he trabajado. Tiene que ver en cómo se usan las redes sociales o la participación de terceros en los campañas, que tratan de influir en el comportamiento de los electorales y no está regulado. Nuestra legislación está muy obsoleta en ese sentido. Al igual que hay muchas deficiencias en la financiación de los partidos. 

¿Y el propio sistema electoral, no?

Sí, siempre estamos discutiendo sobre él, si es justo o no, si es proporcional en la representación de las provincias,… Todo eso habría que tratarlo en algún momento.

¿Y la ilegalización de determinados partidos? 

Este es uno de los temas que ha tratado la Comisión de Venecia porque es un tema muy conflictivo en todos los países. El hecho de que se pueda sacar de la competición electoral a un partido, de la forma que sea, siempre se ve como la última solución y siempre en los casos de partidos que promuevan abiertamente el uso de la violencia o la destrucción del propio estado constitucional. Lo que se preconiza siempre son medidas menos radicales, si es posible. Ilegalizar un partido significa que puede haber una parte del electorado que no esté representada.

En ese caso, cuando algunos partidos juegan en el límite, ¿cómo se fija el límite para afrontar la vía de la ilegalización?

En España tenemos una ley que es bastante clara, no tenemos lo que se llama una democracia militante. No se prohibe a los partidos políticos por su ideología sino solo cuando en sus actividades realizan conductas que vayan destinadas a promover la violencia, el odio o la discriminación o bien a la destrucción del propio orden constitucional. 

Lo que hay que mirar son sus actividades, que fue lo que se hizo cuando se ilegalizó todo el complejo de Herri Batasuna. Esa decisión no se tomó porque defendiesen la independencia del País Vasco sino que fue porque se consideró que, de alguna manera, estaban colaborando con una banda terrorista, que en sus actividades estaban infringiendo la ley, no en sus ideas. Hay otros países de Europa donde ciertas ideologías que están proscritas, como Alemania donde no es posible crear un partido nacionalsocialista porque lo prohibe la propia Constitución. Eso depende mucho de la historia del país.

Usted también participó en la revisión del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. ¿Cómo valora el planteamiento de algunos partidos como Vox de acabar con el Estado de las autonomías?

No quiero entrar a hacer valoraciones políticas. Lo que sí que creo es que el Estado autonómico está inscrito en la Constitución y me parece que es algo irreversible. España tiene una diversidad, desde el punto de vista territorial, que todo el mundo reconoce. Tratar de marcha atrás en eso creo que es romper unos de los consensos básicos del 78. Mi opinión personal es que no vamos bien porque hay que preservarlos y no romperlos. No sé hasta qué punto ese tipo de propuestas son de tipo populista o si van en serio, pero el Estado autonómico es algo en lo que las fuerzas políticas han estado de acuerdo, con matices, pero su propia existencia es algo indiscutible. 

Esos acuerdos llevan tiempo en cuestión, pero se ha planteado eliminar de la Constitución el término «nacionalidades y regiones». ¿Cómo se puede preservar ese consenso y adaptarla a los tiempos actuales?

Ese es el reto que tenemos. Cada generación tiene sus retos. En el momento de la Transición había que hacer varias cosas importantes: pasar de una dictadura a una democracia y de un estado fuertemente centralizado a uno más descentralizado. Y eso se hizo a través de la Constitución y se hizo muy bien, de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Ahora el reto es distinto, es adaptarse a los cambios. 

Está claro que la Constitución no perfiló completamente cómo tenía que ser el Estado autonómico, solamente abre la puerta a un proceso de creación de comunidades autónomas, dice cuáles son las competencias que pueden llegar a asumir, pero simplemente es el punto inicial del proceso, que luego se ha ido plasmando a través de los estatutos, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las propias leyes. Y hemos llegado a otro punto. Ahora probablemente sería necesario transformar de alguna manera el Título VIII para clarificar algunas cuestiones.

¿Cómo cuáles?

El tema de la financiación autonómica, plasmar el principio de solidaridad o clarificar el propio reparto competencial. Esto lo han hecho algunos países, como por ejemplo Alemania, que reformó su modelo federal, dando en algunos casos más competencias, pero también reduciéndolas en otro. Y esto podría también hacerse en España. Pero lo que es importante es que se haga por consenso y seamos capaces de reformarla en aquello que sea necesario para adaptarse a los nuevos tiempos. Y en el tema de la inviolabilidad de la jefatura del Estado pasa exactamente igual.

¿Se podría cambiar?

Muchos entendemos que se ha interpretado de una manera excesivamente amplia porque la Constitución no dice exactamente que la inviolabilidad debe extenderse también a todos los actos privados del monarca. Creo que era posible una interpretación más razonable, según la cual solo abarcarse la actuación pública oficial del monarca. Pero se interpretó de esa manera y ahora puede que sea el momento de ponernos de acuerdo en otra interpretación. Pero cualquier tema que toque la médula del sistema constitucional debe hacerse por consenso. No son cuestiones que se pueden hacer desde uno u otro partido político.

¿También se podría extender a la financiación de los partidos?

Los partidos políticos deben disponer de fondos para poder hacer sus funciones. No podemos tener una democracia 'low cost'. La democracia cuesta dinero, al igual que los partidos. Por eso es necesaria la suficiencia y regularidad de los recursos. Pero también se debe garantizar la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, que el dinero no sirva para distorsionarlas. E igualmente la financiación debe servir para mejorar la conexión de los partidos con la sociedad, no se puede dejar todo en manos de la financiación pública. Se podrían promover donaciones de pequeña cuantía, lo obligaría a que se les ofrezcan cosas que les resulten interesantes. Y el último requisito es la transparencia, que permita saber en el momento oportuno de dónde viene el dinero. 

Muchos de estos puntos se controlan por organismo que realizan dictámenes no vinculantes.

Son órganos muy importantes. Los informes que hace el Consejo de Cuentas o de Estado están basados en argumentos jurídicos, que hay que rebatirlos sino vas a seguir el informe. Y esto tiene una función de cara a los medios de comunicación y la opinión pública.