La última ponencia de valores, documento donde se fija el valor de los inmuebles de un municipio, que publicó el Catastro de Valladolid sobre la localidad de Villalbarba está fechada en diciembre de 1987. Y esa es la referencia oficial del Ayuntamiento para calcular el valor del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), que supone un porcentaje muy importante de los ingresos municipales. Pero esta situación no es excepcional, en la provincia hay 53 localidades, incluida la propia capital, en las que no se han actualizado los datos catastrales en lo que va de siglo.
¿Por qué sucede esto? La revisión del valor catastral de todos los inmuebles del municipio la puede hacer el Catastro por iniciativa propia o la puede solicitar cada consistorio. Una valoración, que según fija la propia institución, se debe realizar al menos cinco años después de la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento y, en todo caso, a partir de los diez años desde dicha fecha. Unos plazos que no se están cumpliendo, aunque en los últimos han aumentado la periodicidad de sus revisiones, ya que el periodo de actualización media llegó a estar en 21 años en 2013. Ahora mismo el 28,5% de los municipios están con valoraciones anteriores a 2005.
Dependiendo del año en que los municipios hicieran la última de sus revisiones, se aplicará una corrección de coeficientes de actualizaciones que serán mayores o menores de 1. Normalmente, si la última actualización de datos es de antes del año 2004, se aplica un coeficiente que lo ajusta al alza. Estos coeficientes se aprueban con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Y esto tiene su repercusión en varios impuestos. El IBI se fija en base al valor catastral del inmueble y el coeficiente, que varía según el municipio y que depende de la naturaleza del terreno: bienes inmuebles rústicos, urbanos y los bienes inmuebles de características especiales. En el caso de los bienes urbanos, el mínimo es un 0,4 % y el máximo un 1,3 %, mientras que en los rústicos varía del 0,3 % al 0,90 %. Y cada ayuntamiento partirá del valor que elija entre el mínimo y el máximo, pero también pueden aprobar una bonificación que limite el incremento individual de la cuota del IBI resultante de la revisión, de forma tal que este incremento no supere el porcentaje que decida el municipio.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid, donde cada año se recaudan unos 70 millones de euros por este concepto, se ha aplicado la actualización del coeficiente 17 veces desde 1995, aunque en los últimos 12 años solo se ha aprobado en tres ocasiones. La última fue en 2020, con una actualización de los valores catastrales del 1,03 por ciento. En ese momento, el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, advertía que el valor catastral suele suponer el 50% del valor de mercado de los inmuebles, sin embargo calculaba que en Valladolid estaría aproximadamente al 36%. Un desfase que se planteaba corregir, pero la llegada de la pandemia ha vuelto a paralizar esta actualización por la crisis económica.
Y también puede afectar a la plusvalía municipal, aunque con los últimos cambios aprobados, dependiendo de la fórmula que escoja el propietario para calcularla: la objetiva (en la que sí cuenta el valor catastral) y la real (en la que no se tiene en cuenta el valor catastral).
Novedades en 2022. Este ejercicio también ha entrado en vigor el uso del valor de referencia de los inmuebles, que es la base para calcular el valor del Impuesto de Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o bien el impuesto de Sucesiones y Donaciones en una transmisión de un inmueble. Desde enero, Hacienda aplica los valores de referencia que se recogen en la sede electrónica del Catastro y que sustituyen al «valor real». Esta valoración es distinta de la que se fija en el valor catastral, que da la valoración objetiva de un bien inmueble a partir de datos como su ubicación, los metros cuadrados de construcción o los metros del terreno.
Cuatro municipios aplican los valores máximos. Los ayuntamientos tienen cierto margen de maniobra para sacarle mayor o menor partido al IBI. Un recibo que en la capital se paga estos meses y en el resto de municipios de la provincia se comienza a recaudar en septiembre.
Casi todos los años, los ayuntamientos aprueban bonificaciones para determinados colectivos, pero también deciden el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se aplica al valor catastral de cada inmueble para calcular la cuota a pagar. Por ley, en el caso de propiedades ubicadas en suelo urbano debe oscilar entre el 0,4 y el 1,3%. Una flexibilidad que conduce a una disparidad entre municipios, de forma que el recibo puede llegar a duplicarse en función de la localidad en la que esté el inmueble.
En la provincia, en el límite superior, por encima de un punto hay cuatro municipios. El que más porcentaje aplicó en 2021, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, es Olmos de Esgueva (185 habitantes) con un 1,1% de coeficiente. Por detrás se sitúa Becilla de Valderaduey (234 habitantes) con un 1,05%, además de Santervás de Campos (113 habitantes) y Villalba de la Loma (50 habitantes) que aplicaron el 1%. En el extremo contrario se sitúa Melgar de Arriba (153 habitantes) que optó por el coeficiente mínimo del 0,3%. En esta línea, otros 24 municipios aplicaron el 0,4%.