El Gobierno ha entregado la esperada propuesta para la reforma del modelo de financiación autonómica, que ha de sustituir la anterior de 2009, caducada desde el 2014. Este incumplimiento ya da una idea de las dificultades para encajar los intereses de todos. El borrador es el resultado de los trabajos previos realizados por una comisión de expertos de la que han formado parte representantes de las 17 comunidades autónomas y del Gobierno central. Castilla y León estuvo representada por Jaime Rabanal García, designado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Ha sido un trabajo intenso y largo, desde 2017, no exento de dificultades añadidas por intereses políticos, como corresponde a una reforma de hondo calado y sobre la que existen dudas de que llegue a buen puerto. Con frecuencia el acuerdo de los técnicos, que debería de ser determinante, es supeditado a intereses políticos de grupo. Son estos asuntos donde la demagogia encuentra el terreno abonado y donde la expectativa de voto y cargo sobrevuela los criterios de justicia y hasta de sentido común. La proliferación de partidos políticos, la excentricidad de algunos de sus líderes y el convencimiento mayoritario de que solo la trifulca otorga rédito electoral, constituyen elementos añadido que provocan el aumento del pesimismo. De lo que se trata es de lograr algo tan elemental, y constitucional, como que todos los ciudadanos seamos iguales en la prestación de servicios, con criterios solidarios y justos.
El documento aportado por los técnicos no ha dejado contento a ningún territorio. Es lo esperado. Ahora se abre espacio para la negociación y a buen seguro que en la redacción de algunas propuestas el Gobierno deliberadamente ha ocultado correcciones de mejora, como hace cualquier negociador. Resulta obvia y subsanable, por ejemplo, la incongruencia de fijar en dos millones el máximo de habitantes para optar a uno de los fondos específicos que utiliza la aplicación de este baremo, perjudicial para Castilla y León, sin relación con la extensión del territorio, la densidad de población o el número de núcleos urbanos. Ojalá que la desconfianza sea rebatida por la praxis de la cordura, la solidaridad y la empatía.