La sentencia en el caso de la 'Operación Rosado' con la absolución de más de una veintena de acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, fruto de la nulidad del auto judicial que autorizó los primeros 'pinchazos telefónicos', ha afectado de lleno al juicio por tráfico de influencias y revelación de secretos contra un agente de la Guardia Civil y cuatro empresarios, que ha quedado finalmente suspendido.

La suspensión, acordada este viernes por la juez de Penal 1, ha sido solicitada tanto por el fiscal como por las acusaciones populares, representadas por la AUGC y la Unión de Oficiales (UO), y las defensas de los cinco acusados a tenor de la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en la 'Rosado' conocida este jueves a última hora.

Ese fallo, calificado por las partes como "hecho nuevo", ha supuesto la absolución de los veintitrés encausados de narcotráfico y grupo criminal y el mismo mediatiza por completo el resultado del juicio por revelación de secretos y tráfico de influencias que se sigue contra el citado agente del Instituto Armado y los otros cuatro acusados al tratarse de un procedimiento que deriva del anterior.

Por ello, la juez de Penal 1, de conformidad con acusaciones y defensas, ha resuelto que lo más acertado, "por economía procesal", es suspender el juicio--estaba previsto celebrarlo en tres o cuatro sesiones--ante la "excepcionalidad" de la situación planteada, en referencia a que tras la primera vista celebrada se conoció la sentencia absolutoria de la Audiencia de Valladolid en un caso del que deriva el actual procedimiento.

Así, la juzgadora, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera que lo más oportuno es la suspensión a la espera de que el fallo de la Audiencia Provincial cobre firmeza, algo que podría ocurrir si Fiscalía no recurre o bien si un hipotético recurso de la acusación pública fuera rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Será entonces, una vez despejada la duda de si la absolución en la 'Rosado' se mantiene o no, cuando la juez vuelva a convocar a una vista al agente de la Guardia Civil acusado, J.C.C, y los otros cuatro acusados, J.R.R, F.G.J, E.O.C. y D.E.A, para entonces resolver si absuelve igualmente a los ocupantes del banquillo ante la nulidad de las escuchas telefónicas que el juez de Instrucción número 1 autorizó el 23 de septiembre de 2017 sobre un presunto traficante y a partir de las cuales se instruyeron tanto la 'Operación Rosado' contra veintitrés presuntos narcos como una segunda contra el agente y otros cuatro implicados en una presunta trama de favores.

LAS DEFENSAS PIDEN EL SOBRESEIMIENTO DIRECTO

Las defensas de los cinco acusados han ido aún más allá y, sin éxito, han solicitado a la juez el sobreseimiento directo del procedimiento, sin esperar siquiera a que la sentencia de la Audiencia de Valladolid cobre firmeza, petición que han justificado en la necesidad de no demorar más el "juicio mediático" al que se han visto sometidos sus patrocinados en los últimos cuatro años, sobre todo el guardia civil imputado, de baja psicológica desde entonces.

Ya en la primera sesión, los defensores, en la fase de cuestiones previas, habían invocado la nulidad de las escuchas telefónicas y la juez se había comprometido a estudiarlo en ejecución de sentencia. Esos 'pinchazos' telefónicos son los que la Audiencia Provincial, en el otro procedimiento, ha declarado nulos por estar basados en "meras sospechas" y haber dado lugar a una "investigación prospectiva".

Con carácter provisional, el fiscal imputa al agente de la Guardia Civil un delito continuado de violación de secretos y otros dos de tráfico de influencias y solicita por el primero una multa de 10.800 euros y por cada uno de los dos siguientes nueve meses de cárcel, junto con su inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo total de ocho años.

Además, y con respecto al resto de presuntos implicados, el fiscal imputa a J.R.R. un delito de violación de secretos, en calidad de inductor, y le pide multa de 2.400 euros e inhabilitación para cargo público por un año, al tiempo que acusa a F.G.J, E.O.C. y D.E.A. por delito de tráfico de influencias, los tres como cooperadores necesarios, e interesa para ellos cuatro meses de prisión y su inhabilitación por siete meses.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular, solicita tres años de prisión para el agente, mientras que la Unión de Oficiales (UO), también en calidad de acusadora popular, pide para el integrante del Instituto Armado una condena global de cuatro años y nueve meses de cárcel y su retirada del Cuerpo por espacio de diez años y medio.

Las conversaciones intervenidas permitieron descubrir, según las acusaciones, que el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad.

Las acusaciones también imputan al guardia civil haber accedido a bases de datos de carácter reservado y facilitar dicha información a terceros; consultar antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y "vender" esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.

Se acusa igualmente al agente de alterar expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba supuestamente identidades de conductores que no se correspondían con los infractores y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.

Se sospechaba asimimso de que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.