Las Cortes instaron con el voto de todos los procuradores, excepto la de Vox, a la Junta a habilitar el crédito extraordinario para complementar con 162,79 millones de euros las ayudas destinadas por el Gobierno a empresas castellanas y leonesas afectadas por la covid-19, que supondrán 232,56 millones, con lo que ambas aportaciones sumarán 395 millones.
El PSOE logró que PP y Ciudadanos, junto al resto de formaciones -Podemos, UPL, Por Ávila y la procuradora no adscrita María Montero, apoyaran su proposición no de ley, solo rechazada por Vox, con el objetivo de que se cumpla la propuesta de la Junta de aportar el 35 por ciento de los fondos para ayudas directas a las empresas, lo que supone 162 millones. Además, el texto establece que el diseño de las convocatorias se haga con la participación del Diálogo Social y luego se informe a la Cámara.
Sin embargo, Partido Popular y Ciudadanos defendieron durante el debate las líneas de ayudas aprobadas por la Junta y criticaron el reparto establecido por el Gobierno, así como la tardanza. Todo lo contrario que la viceportavoz socialista, Virginia Barcones, que les acusó de intentar hacer caja con el dinero de empresarios y autónomos y criticó sus «excusas de mal pagador».
Barcones criticó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «mintiera» el martes al asegurar que su Ejecutivo ya había destinado los recursos exigidos y denunció que se mantienen «inmóviles» mientras bajan las verjas de los negocios y se cierran empresas. Además, preguntó si no les avergüenza que su prioridad fuera hacer caja mientras empresarios y autónomos se arruinaban, ya que recordó que la Junta cerró el pasado año con superávit.
Por el contrario, el popular Salvador Cruz consideró que los socialistas son «muy exigentes» con la Junta y «muy complacientes» con el Gobierno y planteó una enmienda de sustitución con el objetivo de garantizar la «igualdad de trato» a las empresas con independencia del territorio y criterios justos en el reparto de las ayudas del Gobierno, junto con el compromiso de articular ayudas a los sectores económicos afectados por la crisis de la covid-19, por una cantidad no inferior a 162,79 millones.
Además, Cruz criticó que el Gobierno solo ha puesto sobre la mesa ayudas directas ahora y cuestionó la equidad, transparencia y celeridad del paquete habilitado porque no pacta el reparto, deja fuera a empresas con pérdidas y a las pymes.
Barcones rechazó la propuesta del PP porque aseguró que pretenden quedarse con el dinero de los empresarios y autónomos al plantear dedicar una cantidad no inferior a 162 millones, en lugar de complementar los 232 millones que envía el Gobierno, lo que supondría en total 395 millones. También criticó que se oponga a que el Diálogo Social participe en la participación de fondos, según informa Ical.
La procuradora Blanca Negrete (Ciudadanos) afeó al PSOE que exhiba como un «trofeo» los 232 millones en ayudas asignados a la Comunidad, el 3,3 por ciento de un total de 7.000 millones. Así, criticó un reparto sin «criterios objetivos» y que deja a Castilla y León a la cola. Además, defendió que la Junta lleva un año poniendo en marcha medidas, a través del plan de choque, y lamentó que el PSOE no tenga en cuenta el «equilibrio» de las cuentas al pedir 162 millones.
Finalmente, Laura Domínguez (Podemos) aseguró que los sectores afectados siguen sufriendo los efectos de la crisis sanitaria y denunció que la Junta lleva un año «eximiéndose» de su responsabilidad, mientras Luis Mariano Santos (UPL) se refirió al «lamento» y la «petición» de los colectivos y denunció que no ha habido «celeridad» en las ayudas del Gobierno y la Junta.