El juicio contra los seis acusados por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal en la 'Operación Rosado' entra en su fase final, después de que este jueves la fiscal del caso emitiera su informe para mantener los cargos contra todos ellos y peticiones que, globalmente, se elevan a 37 años de cárcel y multas por importe de 1.800.000 euros, informa Europa Press.
Con todo, el proceso judicial se ha visto considerablemente acortado y concluirá el próximo lunes con los informes respectivos de las tres defensas, frente a la previsión inicial de que no estuviera concluso hasta el día 20 de mayo, y ello gracias a que en la primera jornada del juicio un total de dieciséis de los veintitrés encausados--hay uno que se encuentra fugado--se conformaran con una condena inferior de la inicialmente solicitada por la acusadora pública, entre un año y tres meses y los tres años de cárcel.
Los seis que aún quedan en el banquillo de la Audiencia de Valladolid, ya que sus defensas solicitan la libre absolución, forman, en su mayoría, el denominado 'clan de los Varela', con su líder a la cabeza, Rafael; un hijo y un yerno de éste, Manuel y Ernesto I, respectivamente, junto con el padre de este último, Juan Carlos ('JC'), además de Francisco Miguel A.L. ('Kiko') y Roberto P.A, quienes se exponen a condenas de entre cinco años y medio y seis años y medio de cárcel y, el todos los casos, a multas por cabeza de 300.000 euros.
En su informe final recogido por Europa Press, la fiscal entiende que de la prueba practicada, tanto la testifical como la pericial, fundamentalmente centrada en las escuchas telefónicas practicadas por la Policía Nacional, se encuentra acreditada la participación de los seis acusados en la actividad delictiva del tráfico de drogas que culminó en marzo de 2018 en la detención entonces de medio centenar de presuntos 'narcos'.
Las escuchas telefónicas practicadas sobre los dos teléfonos móviles de Daniel S.G, "un histórico del tráfico de drogas", el único que no ha comparecido y que sigue en paradero desconocido--cuando sea detenido será sometido a juicio--, guió a la Policía Nacional de Valladolid en el inicio de la denominada 'Operación Rosado' y desarticuló el grueso del grupo, integrado en la cúspide por el 'clan de los Varela', con sede en Tudela de Duero, y a él "subordinado" el 'clan de Santovenia", así llamado por su ubicación en dicha localidad vallisoletana.
Aunque las defensas han invocado, entre otras irregularidades, el auto inicial que autorizó las escuchas telefónicas a Daniel S.G, algo que volverán a exponer el lunes, así como la nulidad del registro de la vivienda de los Varela, la acusadora pública ha validado los 'pinchazos' por entender que eran "absolutamente necesarios" para el devenir de la investigación tras tener conocimiento de que el citado individuo, vecino de Cigales, estaba inmerso en el tráfico de drogas y preparaba varias operaciones.
De hecho, el aludido, Daniel S.G, sería detenido en Madrid el 24 de octubre de 2017 con dos kilos de heroína y tal circunstancia, fue advertida al 'clan Varela' para que sus integrantes extremaran las medidas de seguridad, las mismas que, supuestamente, llevaron a abortar varias operaciones, una de ellas en Galicia, y otra sobre la venta de 10 kilos de marihuana.
En su prolijo informe, la fiscal ha ido citando las distintas conversaciones mantenidas entre los acusados y que, según ha indicado, acreditarían que la jerga utilizada por ellos tenía por finalidad ocultar el verdadero contenido de las mismas, que no era otro que negociaciones y encargos de operaciones de compra-venta de droga.
El juicio entrará el lunes en la octava y última jornada con los informes de las defensas, que mantendrán su petición de un fallo absolutorio.