Los abogados de Grupo El Salvador siguen trabajando en la defensa de la familia Morchón para intentar demostrar la inverosimilitud que, a su entender, tienen las pruebas que Justo M.G., el exempleado de la empresa funeraria condenado por extorsión, habría recopilado a lo largo de sus dos décadas en los crematorios de los tanatorios tanto de Santovenia de Pisuerga como de la capital.
La última es un informe pericial elaborado (a instancias del equipo de abogados de los Morchón) por un experto económico que se ha encargado de analizar las facturas de los supuestos cambiazos de ataúdes, cruzando los datos reales y los que recopiló Justo M.G., para tratar de echar por tierra las tesis acusatorias de la Operación Ignis, fundamentadas en lo recogido por este exempleado. «Se analizan las facturas del listado de fallecidos a los que Justo M.G. realizó fotos», tal como explican los abogados de Grupo El Salvador a este periódico, que afirman que «en el estudio, el perito ha podido detallar y poner ante el juzgado todos los detalles de las facturas y documentación que acredita la verdad de los servicios», en lo que los letrados interpretan como «prueba de transparencia y normalidad en el desarrollo de la actividad del grupo».
El informe presentado el jueves ante el Juzgado de Instrucción 6, que lleva la causa y que mantiene en prisión al dueño de la empresa, también avalaría la tesis que viene defendiendo la familia Morchón de que todo obedece a un plan que habría orquestado Justo M.G. por si, como pasó, el dueño del grupo no accedía a sus pretensiones económicas cuando llegase el día de su jubilación. «Se ha podido comprobar que el 37 por ciento de las fotografías (de cadáveres a los que, presuntamente, se cambiaba el ataúd) fueron realizadas en 2013, a falta de poco más de un año para su jubilación, por lo que, entendemos que es un indicio que corrobora la teoría de la manipulación y de la preparación de un escenario para la extorsión del extrabajador».
FACTURAS DE 600 EUROS
En el informe, el perito de la defensa también pone en duda el cálculo que efectuado la jueza del caso, que cifró la supuesta ‘macroestafa’ en unos 6.000 afectados, con unos 1.000 euros por persona, cuando este experto «ha constatado que la mayoría de las facturas no superan los 600 euros y en pocos casos, los 1.000», al tiempo que recuerdan que eso no sería el precio de cada ataúd, sino el correspondiente al «servicio completo».
«A todo ello se suma», según los abogados, «el hallazgo de múltiples contradicciones e inconsistencias en los textos del extorsionador». «A modo de muestra representativa hay un certificado de fallecimiento duplicado en el que adjudica a hasta cuatro personas diferentes el mismo supuesto cambio, a dos en un documento y a otras dos en otro», detallan.
EL PADRE, EN PRISIÓN
El equipo de abogados del grupo continúa, asimismo, trabajando en una línea de defensa que logre excarcelar a Ignacio Morchón padre, tanto por «la ausencia de riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, como por su avanzada edad». Para el dueño de la compañía, la juez decretó una prisión incondicional que, por el momento, sigue vigente. No así con sus hijos, Ignacio y Laura, a los que se les fijó fianza de 800.000 y 200.000 (rebajados a la mitad tras los 400.000 iniciales), respectivamente, y que han podido ser asumidas tras aceptar la juez el depósito de seis viviendas en la modalidad de fianza hipotecaria.
Las pesquisas de la Operación Ignis las ha llevado desde el inicio la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Inicialmente se habla de unas 6.000 familias afectadas por los teóricos cambiazos de ataúdes antes de las incineraciones, todos entre los años 1995 y 2015, que es lo que estaría atestiguado por las pruebas tomadas por un trabajador ya jubilado, si bien se investiga si El Salvador siguió haciéndolo hasta los registros. Hay 26 detenidos por delitos de estafa, blanqueo, fraude y pertenencia a organización criminal.