La factura de la luz ha repuntado más de un 45 por ciento a lo largo del presente mes de junio. El controvertido cambio de tarifa, establecido en tres tramos horarios y enfocado a mejorar la eficiencia energética, no ha hecho nada más que provocar continuos incrementos que han situado el precio de la electricidad en registros de récord.
Las organizaciones de consumidores reclamaban al Ejecutivo desde hace semanas medidas encaminadas a paliar esta escalada, advirtiendo que el IVA de la luz en España era de los más altos del Viejo Continente. Incluso el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señalaba en su discurso de la Junta General de Accionistas de la compañía del pasado viernes a la Hacienda Pública como la principal beneficiada de los altos precios. Las presiones desde distintos sectores han empujado al Gobierno a tomar medidas y será mañana cuando el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto Ley de urgencia en el que se contempla la bajada limitada del IVA del 21 al 10 por ciento, así como la suspensión del 7 por ciento que grava sobre la producción de electricidad, algo que ya se hizo en el año 2018 durante seis meses, con el objetivo de amortiguar la escalada en la factura de consumidores y empresas.
Sin embargo, estos cambios no serán permanentes, sino que estarán limitados en el tiempo hasta final de año y sólo se beneficiarán aquellos que tengan una potencia contratada de hasta 10 kilovatios y siempre que el precio que marque el mercado mayorista supere los 45 euros por megavatio hora. La iniciativa, que afecta tanto a los usuarios con tarifa regulada como a los de suministro libre, será un alivio para los hogares más vulnerables que van a comprobar en su próxima factura cómo el repunte del precio de la electricidad afecta directamente a su ya de por sí maltrecha economía. Facua ya ha advertido que cada familia española pagará de media cerca de 87 euros en su próximo recibo que, con la bajada del IVA, se quedaría por debajo de los 80.
Las medidas cortoplacistas a las que se dará ‘luz verde’ mañana son insuficientes y se hace necesaria una mayor celeridad para poner en marcha el denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que servirá para pagar a las renovables y que se está actualmente tramitando, o la minoración del dividendo por CO2, que ahora mismo es solo un anteproyecto de ley. Ambas iniciativas podrían suponer una rebaja sustancial -de hasta un 15 por ciento- en una factura de la luz que, como advierten desde el Gobierno, seguirá su tendencia al alza.