La dispersión de centros de trabajo es un problema endémico en las administraciones públicas y supone una abultada factura en los presupuestos anuales. En la capital se habla reiteradamente del problema que supone, tanto para su funcionamiento como para el acceso de los ciudadanos, en el caso de las sedes judiciales. Una unificación, que teóricamente se solventará, aunque no antes de 2030, con la construcción y puesta en funcionamiento del Campus de la Justicia en la plaza de San Pablo.

Pero este problema también afecta a la Junta de Castilla y León, que tiene numerosos servicios dispersos por la capital, de los que parte están instalados en espacios alquilados. Una dispersión que existe a pesar de que la administración regional es la propietaria de edificios vacíos, como en el caso de la antigua sede de la Delegación de Hacienda del Gobierno de España, en la plaza de Madrid, cuya propiedad consiguió gracias a una permuta por un edificio en Salamanca. Este céntrico inmueble, que ahora mismo está en obras, podría estar operativo de nuevo en el primer semestre de 2025 gracias a una inversión de 14 millones de euros, de los cuales seis millones proceden de fondos europeos. 

Cuando se termine la reforma integral de estos 7.200 metros cuadrados construidos, la Junta contará con una sede nueva, totalmente accesible y equipada con las más novedosas tecnologías, en el centro de la capital. Allí está previsto que se instale un centro administrativo regional, todavía no se sabe cuál, donde podrán trabajar unos 300 funcionarios de los casi 6.000 que tiene destinados en la capital  el gobierno regional. 

De estos, poco más de 2.000 trabajan para los servicios periféricos, dependientes de la Delegación Territorial de la Junta en la provincia, y el resto, dependen de los servicios centrales. El futuro traslado de estos 300 funcionarios a este espacio rehabilitado supondrá un ahorro anual para las arcas regionales de unos 720.000 euros anuales. Aunque todavía no se ha determinado que servicio se ubicará allí, lo que es seguro es que tendrá uso administrativo general para agrupar organismos y unidades funcionales dispersas. 

Otros espacios. En la capital, hay varios servicios dependientes de la Delegación de la Junta que ocupan once espacios alquilados, una cifra que asciende hasta los 52 en el caso de la provincia, incluidos aunque en este caso hay que incluir los dependientes de los servicios centrales. En este caso, la factura anual por estos arrendamientos supone cerca de 3,1 millones de euros, según los últimos datos publicados en el portal de transparencia de la Junta. 

Uno de los alquileres más caros es el que paga el servicio territorial de Cultura y Turismo en la calle San Lorenzo. La última cifra facilitada por la administración regional eleva el coste a unos 125.000 euros anuales.Una cantidad casi idéntica a la que se abona por una nave en la calle Esmeralda, en el polígono de San Cristóbal, para el almacenaje del servicio de Fomento y Medio Ambiente.

En el centro de la capital también ocupan espacios alquilados servicios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y varias secciones de la Gerencia de Servicios Sociales. Además, el Ecyl tiene alquilados cinco espacios para sus servicios de atención al público en distintos barrios de la capital.

Aunque los alquileres más altos que debe afrontar la administración regional están en la provincia y son para departamentos dependientes de sus servicios centrales. En el caso del servicio de Deporte y Turismo de la Consejería de Cultura, ubicado en el paseo de Filipinos, la factura asciende a 214.000 euros. Aunque es la Consejería de Empleo e Industria la que paga el alquiler más caro por las oficinas de varios servicios directivos centrales en Arroyo de la Encomienda.

Una rehabilitación que dinamizará la actividad en la zona centro. El antiguo edificio de Hacienda, realizado originalmente por M. Cuadrillero Sáez en 1930 y ubicado en la plaza de Madrid, volverá a estar en uso tras la obras de reforma que comenzaron a finales de 2022. El inmueble lleva sin uso nueve años, ya que cerró su puertas en 2014 tras el traslado de su actividad a la nueva sede de Villa del Prado.

De hecho, en la memoria del proyecto de rehabilitación se advierte de que «está en un estado de conservación que no admite la consideración de su puesta en uso sin la previa realización de obras de rehabilitación que le permitan alcanzar unas condiciones óptimas de seguridad para su utilización».

El proyecto pretende rehabilitar en su totalidad el edificio, consolidando la estructura de los forjados, adaptando las instalaciones a la normativa actual y poniendo al día la accesibilidad del edificio. Esto, se detalla, redundará en un mejor servicio general a los usuarios, además de producirse un acercamiento de los servicios a los ciudadanos. 

En esa linea, contará con salón de actos, en el espacio central, con capacidad para más de 150 personas. También se mantendrá la disposición que  se dispone en torno a un patio central cubierto por una gran cristalera. La idea es crear un espacio luminoso, pero que al mismo tiempo esté protegido de la incidencia directa de la luz solar para que sea confortable para los trabajadores y usuarios.

Otro de los objetivos de la reforma, al margen del ahorro en la factura de alquileres al poder trasladar aquí varios servicios, es conseguir que sea un edificio público que se integra en el entono de centro urbano. «Se trata de reutilizar un inmueble emblemático y reactivar económicamente el centro de la ciudad», explican fuentes del gobierno regional. 

De hecho, es una demanda histórica de los comerciantes de la zona centro, que han visto cómo en la última década el casco histórico se vaciaba de centros de trabajo, con el consiguiente descenso de afluencia de clientes y de la actividad económica.