La Unión de Campesinos de Castilla y León reclamó hoy que la nueva PAC sea percibirá solo por los profesionales a título personal cuyos ingresos procedentes del sector superen el 50 por ciento y que abonen la Seguridad Social Agraria, como establece la ley y como ya ocurre en Alemania y Francia. Actualmente, en la Comunidad solo el 38 por ciento de los perceptores pagan este concepto, frente al 62 que no.

“Para tener una actividad económica es obligatorio estar inscrito en tu régimen de la Seguridad Social, pero en agricultura están haciendo la vista gorda. Se está colando todo tipo de gente en un momento en el que hay menos presupuesto y más exigencias”, comentó el presidente de UCCL, Ignacio Arias, quien recordó que galos y germanos lo adaptaron hace dos reformas y “ya tienen los mismos perceptores de PAC que pagadores de Seguridad Social”, cuando en España hay más del doble “por gente que entra por fuera”. “Los políticos dicen muchas veces que hay que apoyar a los profesionales pero no lo materializan con ninguna forma. Ahora, es la primea vez que cada país pueda elegir quién va a cobrar”, sentenció.

Esta reivindicación, junto a las históricas de precios justos, mejorar la cadena de valor o la regular la representatividad agraria nacional, han motivado que de nuevo el sector salga a la calle en Valladolid, y que se repetirá en el resto de capitales provinciales. En esta ocasión será con una tractorada, que estará acompañada de coches, el jueves 20 de mayo, desde las 11 horas, y que partirá del estadio José Zorrilla, para transitar por las sedes de la Consejería de Agricultura, la Delegación del Gobierno, el Paseo Zorrilla, y regresar de nuevo al parking del campo de fútbol, una manifestación “rara” debido a las limitaciones por el COVID-19.

Arias insistió en que la nueva reforma de la PAC 2021-2027 “será mucho más verde, con menos presupuesto y mayores exigencias para todos los perceptores y va siendo hora, como dice la Comisión Europea, de dar cabida a los profesionales ATP que cobren más del 50 por ciento de derechos agrarios”. “El que no llegue que quede excluido. No tienen derecho a cobrar. España está haciendo oídos sordos a este apartado”, trasladó. También criticó la negociación “en secreto que están desarrollando el Gobierno y las comunidades autónomas del plan estratégico que se presentará en Bruselas. A su juicio, “se niegan a darnos cualquier dato”. “Nos tememos lo que están tramando. Escuchando al ministro Planas, ha cambiado su discurso de hace dos años. Que las ayudas acaben donde tienen que acabar, pero mucho me temo que no será así”, opinó Arias.

Sobre la convergencia, se posicionó a favor, “pero con cabeza, no destruyendo explotaciones que tienen la misma actividad que en los últimos años, como ocurre en la ganadería”, y al que “se le ha obligado a determinar derechos” y que ahora le suponen penalizaciones. “De repente, han entrado las prisas”, lamentó.

Los ecoesquemas

Arias expuso la preocupación del sector en el porcentaje de ayudas vinculado a los conocidos como ecoesquemas, que será del entorno del 25 por ciento, y de obligado cumplimiento para los estados miembros, aunque voluntarias para agricultores y ganaderos. “O dan más facilidades o nadie se va a acoger a ese 25 por ciento y se perderá. Al agricultor le puede costar dinero y no le sale rentable”, comentó.

Al respecto, el coordinador de UCCL Valladolid, Valentín García, matizó que se trata de un “galimatías increíble” y que el Gobierno ha avanzado que estudia una nueva posibilidad para ofrecer esas facilidades y tener derecho a ayudas. Por los ecoesquemas se refiere, entre otros, a la rotación de cultivos, para que su práctica “no te impida cobrar por mínimo laboreo o ganadería”. “Tienen que ser claros para saber de qué forma poderlo cumplir, por que casi mil millones están vinculados a ello de los 5.000 que corresponden. Tienen que hacerlo sencillo y atractivo”, insistió.

Igualmente, habrá una partida en la PAC para aquellos que otros años lo percibían y ahora “no podrán por la dificultad para cumplir con los requisitos. En este punto, UCCL reclamó que esa cifra sea “redistribuida” entre los ATP, aquellos que, precisamente, cobran más del 50 por ciento procedente de la materia agraria y que paguen Seguridad Social del sector.

Sobre precios de los alimentos, Arias reprochó que después de calificar a la agricultura y ganadería de “héroes” durante la pandemia, el balance es que “se cobra menos porque nos han tirado los precios un 20 por ciento y ellos lo han subido hasta un 42 por ciento en los lineales. “Es un mercado rígido y no ponemos el precio ni de lo que pagamos ni lo que nos pagan”, lamentó, cuando la renta de referencia es de un 44 por ciento y “todo son promesas”. “El que gobierna tiene la responsabilidad”, aseveró.

También reclamó que no se permita entrar vía controles en origen y en fronteras aquellos productos tratados fuera de la UE con materias activas químicas que la Comisión Europea prohíbe porque es “competencia desleal”; y lamentó que en Sudáfrica, Marruecos, Argelia o en países de Sudamérica, sean las propias empresas españolas las que utilicen esos productos, que “son bastante fáciles de detectar pero para los que no hay voluntad política para su control”. “Al menos que vengan con una etiqueta diferenciada”, expuso.

ACOR

Por último, UCCL se refirió a la situación en la cooperativa Acor, que el martes celebra Asamblea y que plantea la posibilidad de celebrar de nuevo elecciones. “En un sector en crisis como la remolacha, todos estos aspavientos no le viene nada bien. Se tienen que resolver de forma interna, saliendo menos al público que ahora, y como organización nos causa preocupación”, explicó Arias.

Al respecto, consideró que se trata de una situación “complicada” la del sector, “tras años que han sido fuertes”; y ofreció la ayuda de la organización “por si necesita algo, pero deben resolverlo de forma interna”.