La asociación Defensa Valle Esgueva se ha adherido a la campaña en oposición al Real Decreto- Ley 6/2022, que abre la puerta a eludir la evaluación ambiental en la tramitación de los macro proyectos eólicos y fotovoltaicos, lo que genera "desprotección del mundo rural y el medio ambiente".

En un comunicado recogido por Ical, ante el inminente sometimiento al Congreso para la convalidación del real decreto, Defensa Valle Esgueva, junto con otras entidades y comunidades afectadas, mostró su rechazo a norma, ya que "agravará la implantación especulativa y sin planificación de este tipo de proyectos a los que se priva de la necesaria participación pública".

El real decreto ley elimina el sometimiento a evaluación ambiental de los proyectos de energías renovables fotovoltaicos de entre 50 y 150 megavatios de potencia (lo que supone la ocupación de entre 100 y 300 hectáreas) y de los parques eólicos de entre 30 y 75 megavatios, siempre que no estén en superficies de la Red Natura 2000 y se encuentren en zonas de intensidad baja o moderada, según la zonificación para la implantación de energías renovables elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para la fotovoltaica "supone prácticamente todo el territorio de la Comunidad que es considerado de sensibilidad baja".

Para estos proyectos, la normativa decreta un "procedimiento de establecimiento de afecciones en el que se otorga a la administración un perentorio plazo de dos meses, sin exposición pública, en el que debe analizar si aprecia efectos relevantes sobre el medio ambiente, y remitir un informe a la Junta de Castilla y León, que tiene diez días para formular alegaciones, siendo el silencio positivo". Además, reduce los plazos del procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción de los proyectos de energía renovable, reduciendo a la mitad los plazos de exposición pública, según mencionó Defensa Valle Esgueva.