El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha condenado a las hermanas A.I. y M.G.C. a penas de nueve meses y once meses de cárcel, respectivamente, como autoras de un delito continuado de maltrato animal relacionado con el criadero ilegal de Yorkshire que la Policía Municipal de Valladolid descubrió que ocultaban en abril de 2020 en un local de la capital.

En su sentencia, el juzgador impone a A.I. la pena más baja, posiblemente por error, al aplicarle la atenuante analógica de alteración mental, cuando en realidad es su hermana mayor, M, la que padece el síndrome de 'Noé' alegado por su defensora, al tiempo que impone a las dos la inhabilitación por dos años para el ejercicio de oficio, profesión o comercio que tenga relación con los animales y
para la tenencia de animales y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento con un total de 14.559 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

"¡Que los perros estaban sucios, sí, pero para nada estaban desnutridos ni habían sido maltratados!", fue alegato que las hermanas AI. y M.G.C, titulares de un criadero de medio centenar de perros de la raza Yorkshire que la Policía Municipal descubrió en abril de 2020 en un local de Valladolid, mantuvieron este lunes frente a la petición de pena de entre seis meses y un año de cárcel que solicitaron para ellas, respectivamente, Fiscalía y Ayuntamiento.

En su declaración, ambas hermanas rechazaron de plano que los 52 Yorkshire que la policía halló en un local de 60 metros cuadrados en el número 14 de la calle Santa Clara hubieran sido objeto de maltrato alguno y explicaron que los animales llevaban tan solo mes y medio en dicho espacio cuando fueron localizados, en concreto desde el 12 de marzo de 2020.

Los perros eran propiedad de su padre, quien sí poseía permiso de criador, y los habían llevado al local alquilado en Valladolid desde su emplazamiento original en el chalé familiar de Ciguñuela a raíz de la muerte de su progenitor en 2016 y ante el hecho de que en marzo de 2020 el Gobierno, fruto de la pandemia, decretara el estado de alarma.

"Nos quedamos con los perros en recuerdo de mi padre, pero no para hacer negocio con ellos. Al llevarlos a ese local, ante el estado de alarma, teníamos más facilidad para atenderlos", indicó A.I, la pequeña de las hermanas, quien asegurÓ que el establecimiento estaba ventilado, tenía iluminación y en él los canes estaban alojados en una especie de parques infantiles de los que les sacaban cada día a la calle durante unos diez minutos.

Tanto ella como su hermana reconocieron que los perros carecían de microchip pero aseguraron que todos ellos eran vacunados y desparasitados cada tres meses, tarea que realizaban ellas mismas y un veterinario de la acera de Recoletos que han preferido mantener en el anonimato para no meterle en problemas.

"¡Fue todo un cúmulo de situaciones que nos superó. Que estaban sucios, sí, pero ni desnutridos ni maltratados! Queremos a los animales pues nos hemos criado desde pequeñas con ellos", insistió A.I, cuya hermana mayor mantuvo que los únicos cuidados que les falta a los canes era el baño y el cepillado. "Los teníamos allí de forma provisional pero con lo del estado de alarma pasó lo que pasó. No teníamos intención de mantenerlos en el local más de quince días", aseveró M.G.C.

Sin embargo, las fechas ofrecidas por las acusadas respecto del momento de llevar a los perros al local no concuerda con el testimonio ofrecido por la vecina del inmueble que dio la voz de alarma a la Policía Local, ya que ésta, aunque inicialmente dijo que llevaba soportando ladridos y un "hedor" insoportable desde hacía un mes, durante el juicio precisó que la situación la venía padeciendo desde hacía seis meses, en concreto desde octubre de 2019.

"El cabecero de mi cama da con la pared del local y era imposible dormir debido al ladrido de los perros. Pero además, había un sumidero y el hedor y las moscas que salían de él era algo insoportable", declaró la vecina, cuyo testimonio fue acogido por ambas hermanas con gestos de desaprobación que han obligado a intervenir en varias ocasiones al juez para que depusieran su actitud.

Tampoco benefició a los intereses de la defensa los testimonios ofrecidos por los policías municipales que descubrieron el criadero ni las dos veterinarias, una de la clínica Huellas y la otra municipal, que emitieron sus respectivos informes sobre el estado de los canes.

En el caso de los agentes, ambos relataron que en un primer momento se encontraron a una de las hermanas y ésta, tras abrirles la puerta al casi de una hora, les dijo inicialmente que tan solo tenía tres cachorros que les mostró en un transporting "lleno de mierda y orines".

Los policías, sin embargo, comprobaron finalmente que el local contaba con medio centenar de perros que, según intuyen, la propietaria había tratado de esconder en cubos de plástico y cajas de cartón. "El hedor era horrible y había moscas por todo el local. Las mascarillas que llevábamos a causa de la pandemia nos vinieron fenomenal", recordó uno de los agentes, quien mantuvo que, tanto por el estado de las cajas, deshechas por los pises y la humedad, como por la situación de los animales, aquella situación no era cosa de un mes.

En la misma línea se posicionó la veterinaria de la clínica Huellas que atendió en un principio a los canes como la veterinaria del Ayuntamiento de Valladolid, que refirieron las "condiciones deplorables" que presentaban, en referencia a la ausencia de piezas dentales, dermatitis, gingivitis, otitis, cataratas, úlceras corneales cicatrizadas, desnutrición, atonía muscular y atrofia a causa, según su dictamen, de la privación de movimiento.

"Yo ya los vi rasurados y bañados, pero su situación era lamentable", censuró la veterinaria municipal, quien añadió que cuando los perros fueron dados en acogida, los nuevos propietarios se mostraron sorprendidos de que apenas podían moverse y saltar, al tiempo que ha restado validez a las cartillas de vacunación aportadas por ambas hermanas debido a que, tal y como ha advertido, las mismas no cuentan con la firma de un veterinario y ninguno de los canes cuenta con microchip.

Frente a la petición de condena de las acusaciones, junto con el abono de una indemnización de casi 15.000 euros en favor del Ayuntamiento por los gastos derivados de la atención dispensada a los animales, la defensa solicitó la libre absolución tras rechazar que sus patrocinadas sometieran a maltrato a los animales.

En el caso de la mayor de las hermanas, esgrimió como atenuante el 'síndrome de Noé' que le ha sido diagnosticado, aquel que lleva a algunas personas a acumular un gran número de animales de compañía en casa, aun cuando no pueda proporcionarles los cuidados adecuados.