El anuncio de la Consejería de Empleo de liquidar el Serla va camino de convertirse en otro pulso entre el departamento de Mariano Veganzones y la patronal y sindicatos de Castilla y León, que ya han conseguido el respaldo del Consejo Económico y Social de la Comunidad en sus exigencias de mantener vivo el sistema de mediación en conflictos laborales. La institución que preside Enrique Cabero ofrece al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, –a cuya se persona se dirige el escrito de la Comisión Permanente– una alternativa al cierre del Serla después de 25 años de servicio: que deje de depender de Empleo y que otra Consejería, entidad u organismo público asuma su financiación, inferior a los 700.000 euros anuales. Mientras, el propio Veganzones se enroca en su postura y rebate a patronal y sindicatos que si quieren seguir con su servicio «privado» de intermediación, «que lo financien ellos».
«La situación que se produciría con esta extinción, sin precedentes en España, originaría una muy grave e indeseable situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, tanto para el buen funcionamiento de las empresas, como para la tutela de los derechos en el marco de las relaciones laborales», advierten desde la entidad, que reclaman a Fernández Mañueco que continúe el «normal funcionamiento, con financiación pública suficiente de la Junta», del sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León.
El CES también traslada al presidente autonómico que solicite a la institución la emisión de informe previo sobre la propuesta de decisiones o medidas que, en su caso, se prevea adoptar por la Junta acerca de la financiación pública para «hacer posible el funcionamiento del sistema, dada la imprescindibilidad de la aplicación del mismo, de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral», según informa Ical. Además, insiste en que una sentencia del Tribunal Supremo reconoce el derecho de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de cada ámbito territorial a elegir entre un sistema convencional o administrativo como requisito previo al proceso judicial laboral.
«El coste real de la entidad es de menos de setecientos mil euros anuales, mientras que los gastos ahorrados a empresas, trabajadores y a la sociedad en su conjunto son muy superiores», sentencia el escrito del CES. Un apoyo desde el Consejo muy celebrado ayer por CCOO y UGT, que destacaron la «importancia» de que el CES, una institución propia que cuenta con personalidad jurídica propia e independiente, «haya sido tan tajante al reivindicar a Mañueco el mantenimiento del Serla».
Sin noticias de Trabajo
«Cada Consejería debe dedicarse a sus competencias». Rotundo 'no' del titular de Empleo a la oferta lanzada por el Consejo Económico y Social de traspasar el Serla a otro consejero para asegurar su supervivencia. «Igual que yo no desarrollo otras competencias cada uno debe dedicarse a las suyas», sentenció ayer Mariano Veganzones, que volvió a insistir en que si sindicatos y patronal quieren seguir con su servicio «privado» de intermediación, «que lo financien ellos». «Podemos prestar ese servicio en mejores condiciones y con mayores garantías a través de los Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación de la Dirección General de Trabajo», esgrimió Veganzones, que denunció la «información muy sesgada» que se está transmitiendo sobre el Serla, y afirmó que «hay que entender que es un acuerdo interprofesional privado entre tres partes para realizar intermediación, medicación y arbitraje en conflictos laborales». «El Serla supone una privatización de un servicio público».
También explicó que la ministra de trabajo, Yolanda Díez, no se ha dirigido a su departamento tras pedir su apoyo CCOO y UGT para que defienda la continuidad de la financiación de la Junta del Serla, cuando «soy competente en la materia», así como «desconocer» en qué términos se ha dirigido la ministra por carta a Mañueco.