La ocupación ilegal de viviendas está volviendo a repuntar tras el estancamiento que se produjo en el primer año de la pandemia. No es un aumento significativo, aún no llega a las cifras de 2015, pero el fenómeno de la okupación –con 'k'– crece otra vez y ya deja una media de casi dos casos a la semana.

La provincia vallisoletana es la que presenta más problemas en Castilla y León, al punto de que aglutina una de cada tres: 73 de las 239 denunciadas durante los nueve primeros meses de 2021 (que son los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior), lo que apunta a una proyección cercana al centenar de casos en Valladolid, al cierre del año. Sería, por tanto, la cifra más alta desde aquellas 130 okupaciones que dejó 2015 (196 en el conjunto de la Comunidad), ya que en 2016 se quedaron en 67 (125 en toda Castilla y León), por las 71 de 2017 (152), 80 de 2018 (179), 85 de 2019 (205) y 84 de 2020 (206).

Un fenómeno que, en el caso de Valladolid, no suele llevar la firma de grupos organizados, tal como confirman fuentes de la Policía Nacional a este periódico: «Okupas tradicionales como tal, apenas hay registrados». No hay un perfil muy concreto más allá del hecho de no pertenecer al movimiento okupa histórico. Estas fuentes hablan de que hay casos en igual proporción de españoles y extranjeros, que «en ocasiones son miembros de una misma familia, pero en otros no» y que «a veces, son personas jóvenes, generalmente con niños de corta edad que buscan independencia familiar, aunque en pisos próximos a los de sus progenitores y que, en su mayoría, perciben subsidios sociales», puntualizan.

En esta línea, el director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, Óscar Rodríguez, apunta que el mayor problema se da en «los barrios de la periferia, en los que existen viviendas envejecidas y deshabitadas, que son las más propensas para que puedan ser okupadas». En todo caso, recuerda que «hoy en día, las okupaciones en la provincia de Valladolid no han sufrido un aumento significativo, más allá de los casos que se siguen registrando entre los colectivos marginales». «Esta es una ciudad en la que las viviendas permanecen desocupadas un corto periodo de tiempo», argumenta como otro de los factores a tener en cuenta. 

La Policía detalla que las casas okupadas suelen ser «propiedad de entidades bancarias, carentes de suministros (luz, gas y agua), por lo que suelen proceder al llamado 'pinchazo' o 'puenteo',  llevando a cabo una defraudación (delito) y el consiguiente riesgo para el resto de personas residentes en la finca, al haberse registrado algún incendio». «La gran mayoría tiene contratos falsos de alquiler, hechos a nombre de terceras personas que nada tienen que ver con el inmueble para tratar de dar apariencia de cierta legalidad a su estancia en la vivienda, incluso haciéndose pasar por víctimas de estafa a la Policía cuando estos ser personan para su identificación», detallan estas fuentes.

SOLUCIONES

El director de la Cámara de la Propiedad Urbana considera que aumentar el parque inmobiliario destinado a vivienda social sería una estrategia que «reduciría significativamente la okupación y cabría la posibilidad de poner en el mercado viviendas con unas rentas más asequibles, sin tener que perjudicar a la propiedad privada».

Así, recuerda que en Valladolid ya existe la «posibilidad» de que los propietarios incluyan pisos vacíos en el parque social, aunque es una vía que genera dudas a este experto, pese a que prefiere que sea solo una «opción» en vez de «una imposición como se plantea en la nueva Ley de la Vivienda» del Gobierno». Aún así, cree que «la garantía de cobro que conlleva esta medida, en muchas ocasiones no es suficiente como para incorporar una vivienda al parque social» y recuerda que «hoy en día esta medida puede devaluar la vivienda o incluso su conjunto».«De igual forma, no veo justo que se pueda imponer un porcentaje de reserva de una promoción privada, para convertirla en vivienda social», opina.

VULNERABILIDAD

Rodríguez cree que el propietario están en situación de «vulnerabilidad» debido a todas las modificaciones aprobadas en los últimos meses por parte de las administraciones, que «dotan de muchas ayudas a los inquilinos sin valorar el esfuerzo que supone adquirir y mantener un inmueble». El experto habla de medidas como «la ampliación de los plazos de arrendamientos, la suspensión de los lanzamientos a consecuencia de desahucios, la limitación de la renta de alquiler en todas las zonas declaradas como 'tensionadas', la imposibilidad de actualización del IPC por encima de 2 por ciento...». «El real decreto sobre consumidores vulnerables en el que se protege incluso a los okupas que se hayan introducido en una casa ajena, siempre que lo hayan hecho sin violencia», apostilla el director de la Cámara, quien cree que «tal vez, este tipo de ayudas limiten la okupación de viviendas a todas las personas que respeten lo ajeno».

«La okupación es siempre la gran preocupación que tiene todo propietario. Hay una gran mayoría, que han decidido bajar sus rentas, con el fin de que no se le okupe el inmueble, mientras que otros han preferido optar por la instalación de medios disuaorios (cámaras, alarmas...) para luchar contra las okupaciones», explica Rodríguez a El Día de Valladolid, quien admite en todo caso que «son muchos los que se resignan a negociar con los okupas».

El director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid apunta que también «hay otros que se plantean vender el inmueble okupado, por una cantidad inferior a lo que marca el mercado, con tal de intentar reducir inconvenientes». «Como ya apuntaba el presidente de esta Cámara de la Propiedad de Valladolid, Ignacio Serrano, en un artículo publicado recientemente, 'esto no debería ser cuestión que deban solucionar los propietarios a su costa, sino los poderes públicos con una política de vivienda social y de ayudas al alquiler que tiene que plantearse a corto, a medio y a largo plazo'», reflexiona Rodríguez.

Porque el grave problema de la okupación no es solo del dueño del piso ni de los vecinos más cercanos, sino que, como señala el director de la Cámara de la Propiedad Urbana, «un inmueble okupado genera una situación de nerviosismo, inquietud, desesperación... en el conjunto del entorno». A su juicio, «los okupas actúan con total irresponsabilidad, provocando múltiples actividades ilícitas». «Generan desperfectos, enfrentamientos y temor, dado que no tienen nada que perder. Puede llegar a provocar tal deterioro en el entorno que se convierta en un gran problema para todos», concluye Óscar Rodríguez.

EN LAS DELICIAS

La Policía solo maneja un edificio totalmente okupado en Valladolid, más allá de La Molinera. Está en la Padre Manjón (en Las Delicias) y consta de «tres plantas con dos viviendas en cada una». «Varios pisos son alquilados por algunos de los okupas iniciales al resto de los inquilinos ilegales de la finca», tal como detallan estas fuentes de la Comisaría Provincial, que recuerdan que en su mayoría son pisos de bancos y que, «en menor medida se han okupado algunas casas de particulares adquiridas en herencia, que llevan un largo periodo cerradas, y que siguen con los suministros dados de alta». «En algunos de estos casos, se ha sustraído el mobiliario que había para la obtención de provecho económico, y usan documentos de los antiguos moradores para la elaboración de contratos falsos de alquiler». 

En cambio, el mito de la okupación de una casa habitada es, al menos en Valladolid, solo eso, un mito. El típico caso de una familia que se encuentra su piso okupado al regresar de unas vacaciones es algo totalmente extraño a orillas del Pisuerga, tal como argumentan fuentes de la Comisaría Provincial: «Sobre los casos de okupación en viviendas habitadas, se tiene constancia de una o dos únicamente. Hablamos de propietarios que suelen vivir a caballo entre el piso que tienen en la capital y la casa familiar que tienen fuera de la ciudad», pero esto «no es nada habitual», ya que solo se han registrado «dentro de las barriadas como Las Viudas y Pajarillos» y, de este modo, «no se han dado el suceso de esa típica familia que se va de vacaciones en periodo estival y que, a la vuelta, se hubieran encontrado la vivienda okupada».