La transformación del sector del juego, especialmente en lo relativo a la eclosión del fenómeno de las casas de apuestas, ha suscitado un gran debate social al que desde la política se ha de prestar atención. No en vano, las reglas de este juego se marcan desde los poderes públicos y ya son muchos los estamentos que ven necesario redefinirlas, pues su proliferación puede estar causando ya perjuicios de un alcance hoy todavía un tanto difusas, pero real. Por ejemplo, la incitación al juego por parte de los más jóvenes. De hecho, por ahí es por donde surge la principal controversia, dado que en muchas ciudades, incluida Valladolid, se ha detectado la existencia de estos locales de apuestas a una distancia de centros escolares que incumple lo estipulado en la ley en vigor. En concreto, el caso de la capital vallisoletana puede que no sea el más grave actualmente, pues solo dos de los cuarenta establecimientos dedicados a apuestas deportivas se encuentran a menos de los cien metros que marca la normativa, pero sí puede serlo en un futuro en el caso de que prosperen las propuestas tendentes a ser más restrictivos en las condiciones. Si en un futuro se decidiera ampliar de cien a quinientos metros la distancia mínima, lo que ahora puede considerarse un cumplimento casi total pasaría a ser lo contrario: de cuarenta, solo en dos se respetaría de manera natural ese requisito y los 38 restantes quedarían dentro de ese perímetro. 
El foco del debate se ha puesto sobre todo en la cercanía de estos locales a lugares de población de riesgo. Por ejemplo, a los centros educativos. Otras zonas en las que también abundan son los barrios más modestos, aquellos en los que un buen porcentaje de su población se pueda sentir más atraída hacia los mensajes que auguran ganar dinero rápido. Pero, evidentemente, el peligro del que se alerta no es la apuesta ocasional sino el riesgo de adición. Y según los expertos, de una cosa a la otra hay solo un paso. Y aunque en todos los locales de juego se formula en letreros y en resguardos la recomendación de que se juegue de manera responsable, la realidad apunta a conductas en sentido contrario. Los casos de apuestas con cantidades de dinero que van más allá del mero entretenimiento son demostrables. Ya hay víctimas de ello y éstas son voces que deben servir al consumidor como referente, como ejemplo de que las advertencias de riesgo no son meras especulaciones sino que se basan en sus propias experiencias. En Valladolid, la asociación de jugadores patológicos rehabilitados (Ajupareva) se ha tomado muy en serio el asunto y ya hace un tiempo decidió tomar cartas en el asunto. Y para que las autoridades competentes lo tomasen en serio desde un principio ellos mismos se han encargado de aportar informes, como el mapa que revela la existencia de locales en barrios más propensos al riesgo o cerca de colegios. 
Manejan, además, un hecho que les refuerza en la idea de que ha de endurecerse la ley. Cuando todavía faltaba un trimestre entero para acabar 2019 ya trabajaban con un colectivo que superaba la cifra de adictos al juego de todo el año pasado. Ya eran casi 120 en octubre. Atribuir todos los casos a la eclosión de esta nueva modalidad de juego no sería acertado, pues ya existían casos graves de ludopatía antes de que irrumpieran las apuestas en locales. Pero no cabe duda de que existen señales suficientes para pensar que se está agudizando el problema y que se hacen necesarios ajustes en la normativa que hagan compatible el derecho de las empresas al negocio con preservar los intereses de colectivos vulnerables, por mucho que quienes acceden a estos establecimientos lo hacen de manera voluntaria. Llegados a este punto, es necesaria la acción política. Solo los partidos políticos con representación en las instituciones tienen la posibilidad de colaborar. Debatirlo no solo es lógico sino imprescindible. De esa manera se garantizará un amplio consenso para afrontar el problema con perspectiva y de una manera certera, sin incurrir en perjuicios evitables a todas las partes implicadas.