La Audiencia de Valladolid ha ratificado el archivo de la denuncia por prevaricación contra la concejal de Urbanismo y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Olmedo y diputada provincial, Mirian Martín Frutos, del Partido Popular, por la tala de árboles en la carretera de Aguasal.

En su auto, la Audiencia Provincial rechaza así las pretensiones de la parte denunciante, que había recurrido primero en reforma el archivo dictado el 13 de febrero por el Juzgado de Instrucción 2 de Medina del Campo--la desestimación del recurso se produjo un mes después--y luego en apelación ante la Sección Segunda de lo Penal, que confirma ahora nuevamente el archivo de las diligencias, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La parte denunciante alegaba que los hechos atribuidos a la edil del PP eran constitutivos de un delito de prevaricación, toda vez que ésta, actuando como concejala del Ayuntamiento de Olmedo, autorizó de forma irregular, y sin la intervención de los controles técnicos y jurídicos municipales, la tala de los árboles próximos a las obras del 'Proyecto de Acerado y Carril Bici en laterales de la Carretera de Aguasal'.

El denunciante sostenía que la tala de 32 árboles se hizo con pleno conocimiento de que el Plan General de Ordenación Urbana de Olmedo exigía la especial conservación de estos árboles (...), por lo que la resolución de la investigada era opuesta a la norma jurídica, careciendo de justificación razonable desde cualquier punto de vista o posibilidades de interpretación de la norma y ello porque existiendo alternativas para evitar la tala, ninguna se adoptó, sin justificación alguna ni informe técnico que avalase tal decisión, ocultando al director de obra que los árboles que se pretendían talar eran de especial protección, según lo dispuesto en el PGOU.

Sin embargo, en su auto, la Audiencia de Valladolid precisa que las conductas atribuidas a la edil no constituyen un delito de prevaricación puesto que ésta, "de existir, radicaría en la concesión de la autorización, no en la información que sobre ella hubiera proporcionado la denunciada a otras personas ni en el hecho de no haber dejado constancia de ella en el expediente".

Y, en segundo término, porque la Sala estima que, "si bien es cierto que el PGOU de Olmedo exigía la especial conservación de los árboles (...), no lo es menos, por una parte, que se admitía como excepción la concurrencia de una situación de fuerza mayor, y, por otra, que el director facultativo de la obra informó a la denunciada de la necesidad de talar los árboles para poder garantizar la seguridad de los viandantes y la viabilidad de la obra".

La denunciada, Mirian Martín, en declaraciones a Europa Press, ha acogido con satisfacción el archivo de las diligencias y ha achacado la denuncia a un vecino de la villa, José Alberto G.D, de profesión arquitecto, "que se dedica a denunciar todas aquellas actuaciones que realiza el Ayuntamiento".

La dirigente del PP ha lamentado también que la denuncia ahora archivada supondrá un coste para las arcas del Consistorio, toda vez que los gastos de abogado y procurador registrados con motivo de su defensa deberán ser repercutidos por todos los vecinos de la localidad.