Los grupos políticos que auparon a Sánchez a la Presidencia del Gobierno por dos veces, primero a través de una moción de censura y después en la investidura más convulsa desde la Transición, se suben estos días a los púlpitos a dar cuenta a sus votantes de la porción arrancada al Estado en la negociación que permitirá al bipartito de PSOE y Unidas Podemos agotar la legislatura, siempre y cuando los socialistas continúen humillando ante las exigencias de Pablo Iglesias y capitulando ante todas y cada una de sus reivindicaciones doctrinales.
En este mercado medieval en el que se vocifera la mercancía para clientelas políticas, los partidos secesionistas que no respetan el consenso constitucional y trabajan con ahínco en su destrucción sin ambages se están cobrando piezas de caza mayor que jamás soñaron. Así, ERC ha subrayado que, como parte de su apoyo a los presupuestos del Gobierno, ha forzado la reforma de nada menos que una Ley Orgánica, la Ley General Tributaria, para que los republicanos catalanes establezcan una mesa de diálogo bilateral, y en consecuencia simétrica con el poder legislativo del Estado, en la que quieren acabar con la libertad de las comunidades autónomas para regular impuestos como el de sucesiones o el IRPF. Es un cacareado ataque a Madrid, comunidad que se cobra algunos de los impuestos más bajos de todo el territorio nacional como vía para sugestionar el consumo y la inversión. Lo paradójico del argumentario es que se basa en el obsesivo argumento de ERC -también del socialismo valenciano, sobre el que la sombra de José Luis Ábalos es alargada- que defiende que Madrid se puede permitir tener impuestos más bajos porque atesora una mayor riqueza. Esto es, exactamente lo que ha defendido siempre el nacionalimo vasco conservador en defensa de una asimetría fiscal que le resulte favorable. El PNV, es sabido, también votará estos presupuestos a cambio de cesiones que han hecho saltar por los aires las posiciones de ministros moderados, caso de Margarita Robles (Defensa) y la ‘venta’ a San Sebastián del cuartel de Loyola.
No será, ni mucho menos, la única concesión. Se jactan los portavoces de ERC de que el Estado deberá destinar casi el 20% de todos sus recursos s Cataluña para cumplir el pacto, lo que permitirá «seguir construyendo la república» y manosear la distribución de los fondos europeos. A estas alturas, no hay nada que no haya sido puesto a la venta por el Gobierno para salvar sus cuentas. Educación, Defensa, Interior, Hacienda, Exteriores... Toda la tramoya del Estado español está siendo subastada en los que ya son, sin haber sido siquiera aprobados, los presupuestos más caros de la historia democrática española.