El Consejo Económico y Social (CES) recomienda y propone al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que continúe el "normal funcionamiento, con financiación pública suficiente de la Junta", del sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, Serla, "de conformidad con lo establecido en la legislación laboral y en desarrollo de la misma". En este sentido, ante la negativa de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que dirige Mariano Veganzones, que ha rechazado seguir financiando el órgano, plantea que "la financiación pública de este servicio público podría llevarse a cabo mediante otros instrumentos, ya sea desde otra consejería, otra entidad u otro organismo del sector público autonómico".
El CES también traslada a Mañueco que solicite a la institución la emisión de informe previo sobre la propuesta de decisiones o medidas que, en su caso, se prevea adoptar por la Junta de Castilla y León acerca de la financiación pública para "hacer posible el funcionamiento del sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, dada la imprescindibilidad de la aplicación del mismo, de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral".
La Comisión Permanente del CES aprobó ayer este acuerdo, consultado por Ical, para su remisión al jefe del Ejecutivo autonómico, en el que considera necesario que se estudien con detenimiento las implicaciones legales, económicas y sociales que pueden derivarse de la extinción de la Fundación Serla por falta de financiación pública. "La situación que se produciría con esta extinción, sin precedentes en España, originaría una muy grave e indeseable situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, tanto para el buen funcionamiento de las empresas, como para la tutela de los derechos en el marco de las relaciones laborales", advierte.
Esta institución propia de la Comunidad recalca que el fundamento de los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales se encuentra en la Constitución española y en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, además de en otras normas laborales. Además, insiste en que una sentencia del Tribunal Supremo reconoce el derecho de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de cada ámbito territorial a elegir entre un sistema convencional o administrativo como requisito previo al proceso judicial laboral.
"En Castilla y León tales organizaciones han decidido, por medio de la negociación colectiva autonómica, no solo establecer un sistema de resolución con eficacia preprocesal, sino fijar dicho sistema como obligatorio y, por lo tanto, han establecido sistemas de conciliación y mediación que sustituyen a los de los servicios administrativos, lo que no contraviene ninguna norma, ya que no se pone en juego el marco de competencias de la Administración autonómica", aclara.
Frente a este marco legal que sostiene la existencia del Serla, el CES recalca la decisión del departamento de Veganzones de "iniciar los trámites legales para su extinción" tras eliminarse la aportación presupuestaria de las cuentas de la Junta para 2023. "La causa esgrimida para la extinción consiste, precisamente, en la provocada ausencia de financiación pública para esta fundación", apostilla.
El CES sentencia en su escrito a Mañueco que, frente a esta decisión, "valora muy favorablemente los resultados del Serla en sus veinticinco años de funcionamiento y la dedicación y profesionalidad de las personas que vienen desempeñando la conciliación-mediación y el arbitraje, así como la eficaz gestión de este sistema de solución autónoma de conflictos laborales por su personal".
En este sentido, recuerda que también el Procurador del Común de Castilla y León, en una resolución, ponía de manifiesto la "necesidad de incrementar la financiación del Serla debido a su ámbito competencial y su reducida plantilla". "Y es que el coste real de la entidad es de menos de setecientos mil euros anuales, mientras que los gastos ahorrados a empresas, trabajadores y a la sociedad en su conjunto son muy superiores", agrega.