El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha asumido la multa de 1.800 euros impuesta por la Junta de Castilla y León por incumplir la normativa Covid durante la celebración de la procesión de San Roque el pasado día 16 de agosto.

La multa, a raíz del expediente sancionador del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta, ya ha sido abonada, ante la decisión del alcalde, el socialista Fernando de la Cal, de renunciar a la presentación de alegaciones.

Dicho servicio inició expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín por infracción del apartado primero, párrafo 6, del Acuerdo 86/2021, de 12 de Agosto, de la Junta, por el que se mantenían las medidas especiales de salud pública para contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Finalmente, por Decreto de Alcaldía se ha asumido el incumplimiento de la normativa y se ha reconocido la responsabilidad por tales acontecimientos, renunciando al derecho a presentar alegaciones durante el trámite de audiencia, de ahí que se haya autorizado el pago de la liquidación emitida por el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León por importe de 1.800,60 euros.

Ante ello, Centristas CCD-CI y Toma la palabra Izquierda unida, a través de sus respectivos portavoces, Félix Antonio Calleja y Francisco Antonio Lambás, y en un comunicado recogido por Europa Press, han expresado su temor de que el rápido pago de la multa haya sido debido, principalmente, al interés de que no se conozca el nombre del denunciante por un supuesto interés personal del alcalde.

Desde el pasado mes de agosto, ambos grupos vienen pidiendo al regidor socialista que les desvincule de cualquier sospecha respecto de la denuncia de un particular que derivó en el referido expediente sancionador de la Junta.

En esa solicitud, los dos grupos de la oposición exigían que, una vez que se conociera el nombre del supuesto denunciante o la denunciante, se sacara y publicara un bando para informar a todos los vecinos de que no existía vinculación alguna con ninguno de los concejales de estas dos formaciones.

Y es que un miembro del equipo de gobierno, como así censuraban, había hecho público en redes sociales que el autor de la denuncia había sido un concejal, alimentando de esa forma la suspicacia de que el mismo fuera parte del Ayuntamiento.