El empresario de origen rumano Marius P., acusado de urdir una red de empresas de trabajos agrícolas con el único fin de defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Valladolid para asumir una condena de dos años de cárcel, en lugar de los más de siete a los que se exponía inicialmente.
De esta forma, el juicio que se iba a celebrar este martes contra él y su padre, Paul P., en la Audiencia de Valladolid quedará circunscrito a una vistilla en la que ambos asumirán las condenas pactadas, en el caso del primero los dos años ya citados por delito de fraude a la Seguridad Social, multa de 270.000 euros, pérdida del derecho a la obtención de subvenciones por espacio de cuatro años y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de un total de 187.235 euros a la TGSS.
Además, el acusado y su padre se han reconocido autores de un delito de fraude de prestaciones al Servicio Público Estatal de Empleo, por el que han aceptado una multa de 2.500 euros, la pérdida del derecho a subvenciones durante tres años y la obligación de indemnizar a dicho organismo, de forma conjunta y solidaria, en la cantidad de 3.092 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Por dicho delito, ahora sustituido por una mera multa, la acusación pública había solicitado para cada uno de ellos, en su escrito de calificación provisional, un total de dos años y cuatro meses de privación de libertad.
Los hechos objeto de la presente causa se remontan al menos a julio de 2010, cuando Marius P, quien había venido prestando servicios agrícolas--trabajos de recolección, viñedo, cultivo...--para diversos agricultores, urdió un plan encaminado a defraudar a la TGSS, al generar con ésta una deuda que no pensaba pagar.
Pare ello, creó sucesivas empresas individuales, con similar plantilla y actividad, poniéndolas, sin embargo, a nombre de distintas personas a las que daba de alta como autónomos y empresarios individuales, evitando así dar la cara y figurar como deudor pese a que seguía siendo administrador de hecho de tales empresas.
Para también defraudar, una vez que estas empresas y empresarios individuales acumulaban deudas, las cerraba o dejaba sin actividad de hecho, continuando con idéntica actividad bajo la apariencia de la constitución de otra empresa o empresario individual.
Aprovechando este entramado de empresas, el acusado y su padre, Paul P, lograron ser dados de alta en el sistema de la Seguridad Social, con el objeto de completar los periodos necesarios para obtener prestaciones y/o subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal.