El Grupo de Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid ha criticado este jueves la "deficiente gestión" de la contratación pública por parte de la Diputación de Valladolid, que provoca gastos innecesarios e impide la concurrencia competitiva.
Según han señalado fuentes de TLP en un comunicado recogido por Europa Press tras conocer el informe de control financiero anual 2019 realizado por el interventor de la Institución provincia, "la Diputación de Valladolid no es capaz de llevar a cabo una gestión de la contratación pública eficiente y ajustada a la ley, lo que provoca un gasto público innecesario".
Añaden que hay contratos menores que no cumplen con la obligación de solicitar ofertas a, al menos, tres empresas o autónomos "y que tampoco justifican tal incumplimiento" y superan el millón de euros. Estas irregularidades, según el grupo, también afectan a otros ámbitos de la contratación pública, como fraccionamientos ilegales o indefiniciones de objetos de contratos, así como prestaciones sin licitación justificada
Desde la plataforma añaden, además, que las deficiencias en esta gestión "impiden que haya la transparencia que debe haber en la contratación pública para que cualquier autónomo o pyme pueda ser contratista de la Diputación".
En el citado informe se pone de manifiesto que diversos contratos menores suscritos por la institución con diferentes contratistas por un valor de 84.492 euros han superado los límites establecidos en el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, además de haberse fraccionado de forma ilegal el objeto del contrato. "Esos contratos tenían que haber sido objeto de licitación pública", han apuntado desde Toma la Palabra.
"Pero lo más preocupante es el incumplimiento generalizado por parte del equipo de gobierno de pedir tres presupuestos, según el acuerdo 137/16 del pleno de Diputación", han recalcado. Dicho acuerdo, explican, recoge que los contratos menores, siempre que la naturaleza del gasto lo permita, tendrán la obligación de solicitar oferta de, al menos, tres empresas distintas, antes de su adjudicación directa y, de no pedirse, se detallará mediante informe correspondiente, alegando falta de petición.
"Más del 70 por ciento de los 1.085 contratos menores suscritos durante el primer semestre de 2019 no cumplen con esa regla general", aseguran desde Toma la Palabra, al tiempo que añaden también que "si bien es cierto que el acuerdo de pleno, en aquellos casos en que no fuera posible solicitar tres ofertas, permite no cumplir el requisito si se justificara adecuadamente en el expediente, el informe del interventor dice que Las razones aducidas para eludir la referida obligación carecen de fundamento objetivo y pueden considerarse puras expresiones convencionales para cubrir la exigencia".
Además, han aseverado que el informe está "plagado de consideraciones que demuestran la mala gestión y poca transparencia de la contratación pública en la Diputación de Valladolid", "así como deficiencias en su planificación".