Hablar hoy del juez García-Castellón es hacerlo de su cuestionada petición de imputación para Pablo Iglesias, recibida con amenazas por los acólitos del líder de Podemos. Pero hablar de García-Castellón también es hacerlo de su impulso al proceso de investigación de tres de las tramas de corrupción que acorralan al PP (Púnica, Kitchen y Lezo) y de la instrucción del caso de los atentados frustrados de los CDR en Cataluña. Y, hace no tanto, del caso Banesto, del terrorismo de ETA, del atentado a Aznar, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y del de Olga Sangrador... Hablar de García-Castellón es hacerlo de un magistrado con más de cuarenta años de carrera, en la que saltó de un juzgado de Valladolid a uno en la Audiencia Nacional (AN), y en la que también llegó a ser designado juez enlace en Francia e Italia para, en 2017, regresar a su plaza en la AN, a pasar los últimos años antes de su jubilación.
Muy a su pesar, Manolo (que es como se le conoce en su ciudad) García-Castellón se ha convertido en el juez de moda nacional, por su facilidad para enfadar a unos y a otros con sus decisiones judiciales. Si meses atrás ya imputó a tres ex presidentes de Madrid en época del PP, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, y al exministro del Interior (también del PP), Jorge Fernández Díaz, uno de sus últimos dictámenes, el del denominado caso Dina y su petición de imputación del vicepresidente del Gobierno,  Pablo Iglesias, ante el Supremo es el que más polvareda ha levantado, desatando una horda mediática en su contra.
Nada más lejos de su intención. Quienes le conocieron en su etapa en Valladolid no tienen duda no solo de su «total imparcialidad» y su «objetividad», sino también de su permanente búsqueda de la «discreción». Jamás ha concedido una entrevista, por ejemplo, aunque en su día no dudase en dar aquel salto desde un juzgado de su ciudad a uno de la Audiencia Nacional cuando allí se instruían sumarios contra ETA y se vivía con escolta, si bien aquello no fue cuestión de méritos sino de antigüedad.
DE 1984 A 1993 EN VALLADOLID

García-Castellón (Valladolid, 1952) lleva desde 1993 ejerciendo lejos de su ciudad, pero dos de sus compañeros recuerdan bien a este juez, «afable» y «cercano», aunque con ese aire de «castellano recio y serio», tal como apuntan los magistrados Francisco Salinero y Feliciano Trebolle, dos de los que mejor le conocieron durante sus 9 años en Valladolid. «Hace tiempo que no hablamos, pero en su día sí mantuvimos relación profesional por cuestiones jurisdiccionales, al estar él en la Audiencia Nacional y yo en la Provincial», confiesa este último, ya jubilado y que fue hasta hace año y medio el presidente de la Audiencia de Valladolid: «Era una persona muy humana, pero sin perjuicio de aplicar el Derecho».
Manuel García-Castellón logró plaza de magistrado en su ciudad a finales de 1984: Instrucción 2. Solo unos meses antes había aterrizado en el número 1 Francisco Salinero, mientras que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 era Feliciano Trebolle.

CRIMEN DE VILLALÓN

En nueve años asumió decenas de asuntos, pero el caso que marcó la etapa vallisoletana de Manuel García-Castellón fue sin duda el del crimen de Olga Sangrador. Él fue el juez que lo instruyó y el que posibilitó que el secuestrador, violador y asesino de la niña de 9 años, Juan Manuel Valentín Tejero, se derrumbase y les llevase al pinar en el que estaba el cadáver. Cuentan que autorizó una heterodoxa reconstrucción de los hechos que les llevó a visitar con el detenido varios puntos de Villalón, entre ellos un bar lleno de gente y que, tras aquello, se derrumbó y ya llevó a la Guardia Civil al pinar en que había enterrado a la pequeña. «Aquella fue una gran instrucción, se le pudo condenar y le felicité por ello a posteriori», confiesa Trebolle, que fue magistrado ponente de aquel juicio cuando él estaba ya en la Audiencia Provincial.
El magistrado jubilado lamenta las críticas recibidas en los últimos días por García-Castellón, tras su petición de imputación de Pablo Iglesias ante el Supremo, así como el «descrédito» que se vierte con ellas hacia la Justicia. «Teniendo en cuenta el cargo que tiene hoy y los asuntos que él tiene en tramitación, con esa gran dimensión política que algunos de ellos han alcanzado y el tipo de amenazas que ha sufrido, diría que estamos ante un juez que es muy objetivo y muy imparcial. Y lo que está ocurriendo ahora es el mejor ejemplo, porque él no solo está llevando asuntos en los que ha pedido la imputación de personas de izquierda o extrema izquierda, sino también está tramitando unos procedimientos contra personas de la derecha. Esto pone de relieve su imparcialidad y su objetividad».

AL PP Y PODEMOS

En la misma línea se expresa Francisco Salinero, quien recuerda su trayectoria y que ahora ha dictado resoluciones que van tanto en contra de Podemos como del PP: «Él se fue desde aquí en 1993 a ocupar la vacante en el Juzgado Central de Instrucción 5 de Baltasar Garzón, que iba a ir en las listas del PSOE, y uno de los primeros asuntos que llevó fue el de Mario Conde, que no es una persona de izquierdas, sino que era del sector conservador, y que acabó en prisión», rememora Francisco Salinero. «Se ha visto ahora con el caso Kitchen que él instruye tanto en contra de unos como de otros y lo que se ha hecho con él, con esas amenazas, es una marranada», apostilla el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid. «En sus años aquí nunca le vi que tratara de manera diferente a gente por su ideología, sus resoluciones eran imparciales».