Las administraciones locales son un motor económico y de generación de empleo, más si cabe en plena crisis motivada por la covid-19 y en pleno debate político sobre la fórmula elegida por el Gobierno para poner a su disposición los remanentes y superávit generados los últimos años. 

La importancia que cobran estas administraciones queda reflejada en su contratación de bienes y servicios, que, en el año 2018, el último fiscalizado por el Consejo de Cuentas, alcanzó los 20.043 contratos administrativos, por un importe de adjudicación de 195 millones de euros, unos datos que se quedan cortos, porque las cifras se refieren sólo a las 1.947 entidades locales de Castilla y León, seis de cada diez en la Comunidad, que rindieron cuentas.

Estas cifras evidencian la importancia de la administración más próxima y la relevancia de los fondos que permiten inversiones en aquellas actuaciones de primera necesidad para los vecinos, algo que se evidencia también en que los de mayor peso son los contratos de obras y de servicios, en un 95 por ciento de carácter «menor», según establece el informe del Consejo de Cuentas recogido por Ical.

Las entidades locales tienen la obligación de remitir a la institución propia de la Comunidad la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Así, al cierre de 2019 (dentro del plazo marcado), el 41 por ciento del total de estas administración había remitido la información contractual, con un importante descenso con relación al ejercicio anterior de 34 puntos porcentuales.

Según se refleja en estos datos, del total de contratos formalizados por las entidades locales en 2018 mediante procedimientos ordinarios, 1.057, con 135,6 millones, los primeros lugares los ocupan los vinculados a obras,. cuatro de cada diez en número, con 422 expedientes, y el 46,6 por ciento en importe de adjudicación, con 63,2 millones. Les siguen los de servicios, con el 34,1 por ciento del total, que se traduce en 360 contratos, y el 35,6 por ciento del montante, con 48,3 millones de euros; y de suministro, con 160 documentos adjudicados (el 15,1 por ciento) y 12,4 millones (el 9,2).

El resto de contratos, 18.986, corresponden a contratos menores, capítulo en el que los más numerosos son los de suministro y servicios, el 42,7 y el 41,8 por ciento, con 8.109 y 7.929, respectivamente, si bien más de la mitad del importe (el 52,1 por ciento) la absorbe los expedientes por obras, con 30,8 millones de un total de 59,2 millones.

Si se observan los datos por tipo de administración, los ayuntamientos anotaron 729 contratos ordinarios, por valor de 80,1 millones, y otros 9.584 menores, con 41,2 millones; seguidos de las diputaciones provinciales, con 246 ordinarios (48,8 millones) y 7.947 menores (12,3 millones).

Incumplimiento

Conforme a lo exigido en la normativa, fueron 1.284 entidades locales de la Comunidad (el 27 por ciento), las que remitieron la información contractual correspondiente al ejercicio 2018 dentro del plazo legal de dos meses después de cerrar el ejercicio en curso, en este caso antes del 28 de febrero de 2019. Lo hicieron a través de la Plataforma Telemática de Rendición de Cuentas. La cifra se eleva a 1.947 (cuatro de cada diez), si la fecha de referencia se extiende a 31 de diciembre de 2019.

Estos resultados representan un descenso respecto a los datos registrados en el año anterior, en el cual, tanto dentro del plazo legal, como en la última jornada del año, los índices de cumplimiento fueron superiores, el 35,8 y el 74,9 por ciento, respectivamente.

En este sentido, el 59 por ciento del total de las entidades locales de Castilla y León, seis de cada diez, incumplió sus obligaciones de remisión de la información contractual de 2018, mayoritariamente las de menor tamaño: 1.307 ayuntamientos inferiores a mil habitantes, 1.154 entidades locales menores y 197 mancomunidades. A ellas se suman las más grandes también en los que, en términos relativos, resultan llamativos los desacatos registrados por entidades de mayor dimensión poblacional, que alcanza el 72,7 por ciento en municipios de 5.000 a 19.999 habitantes (32 municipios); el 55,6 en el tramo de mil a 4.999 (104 casos); e incluso casi la mitad (44,4 por ciento) de los ayuntamientos de mayor población (más de 50.000), con dos.

Las diputaciones tampoco cumplieron sus obligaciones en su totalidad, pues dos instituciones provinciales no enviaron la información requerida. Respecto a las entidades locales que sí lo hicieron, el cumplimiento del plazo legal en la remisión de la información contractual anual (antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente) sigue siendo muy bajo, el 27 por ciento, es decir, se acusa un descenso de 8,8 puntos porcentuales respecto a los datos del ejercicio anterior (35,8 por ciento). En cuanto a las entidades dependientes y adscritas, a 31 de diciembre de 2019 se había recibido información sobre contratación de 76 entidades, que representan cuatro de cada diez (sobre un total de 187), mientras que la remisión en plazo baja al 16,6 por ciento (31).

El resultado final, que engloba a las entidades principales y a sus entes dependientes, presenta valores análogos a la información reportada por las primeras: 26,6 por ciento en plazo y 14,3 fuera del mismo, totalizando entre ambas un 41 por ciento, frente al 59 restante de entes del Sector Público Local que incurrieron en incumplimiento en la obligación de remisión de la información contractual de 2018.

Entre las entidades locales, el mayor porcentaje de certificaciones negativas corresponde a las consideradas entidades locales menores, en las que ese grado alcanza el 80,2 por ciento, seguidas de las mancomunidades (53,9) y los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes (19,3 por ciento).