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Pablo Álvarez

ZARANDAJAS

Pablo Álvarez

Periodista


A debate

30/01/2022

Coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, la Junta Electoral de Castilla y León se despachó con una resolución que echaba por tierra todas las decisiones tomadas por una comisión consultiva de profesionales de la información -en la que participaron los directores de los principales medios de comunicación- relacionadas con la organización de los debates electorales a los que obliga la ley electoral de nuestra comunidad desde 2018.
Dicha comisión acordó por amplia mayoría que ambos debates los realizara Radio Televisión de Castilla y León (Rtvcyl) de acuerdo con las normas acordadas en el seno de dicho órgano y declinar la propuesta de Televisión Española (TVE) de producir uno de ellos. De la lectura del acta de la reunión se desprende que se barajaron distintas opciones: dos moderadores (uno de cada casa) o espacio neutral, planteamientos que el ente público desestimó o no pudo responder en ese momento: su oferta tenía unas condiciones similares a las de las lentejas y ante la falta de cintura, la que sí que había demostrado la tele autonómica, pues se votó y resultado fue el que fue. 
Como es normal y legítimo, TVE reclamó a la Junta Electoral Central y ésta ha tenido a bien admitir sus planteamientos, echando por tierra las decisiones de los profesionales de la comisión. Y me pregunto: ¿cuántos expertos en comunicación hay en la junta electoral? A la vista de sus argumentos, pocos, pues mezclan churras y merinas y confunde la organización de un debate con la producción y difusión de una señal. 
Y me vuelvo a preguntar: ¿Si al final se hace lo que diga la junta electoral, para que hacen perder el tiempo a los directores de medios? Como en otros muchos casos, lo órganos administrativos y políticos crean comisiones profesionales para dar una pátina de independencia a las decisiones que se toman. Casi siempre van orientadas hacia lo que ellos quieren (ya se encargan de hacerles llegar sus intereses de múltiples formas) y si no es así, como ha ocurrido en este caso, tiran por la calle de en medio. 
El principal argumento esgrimido en su resolución es que Televisión Española es «un ente prestador del servicio público de comunicación audiovisual», una condición que, si no me equivoco, también la tenía hace dos años, cuando no hubo rastro de ninguna propuesta de TVE y tuvo que producir ambos debates obligatorios por ley Rtvcyl, por incomparecencia del contrario. En aquel momento, tampoco se escuchó a su Comité de Empresa poner el grito en el cielo por no poder participar, ni considerar que su exclusión (entonces voluntaria) suponía un ataque a su profesionalidad.
No tengo ninguna duda de la profesionalidad de los trabajadores del Centro Territorial de TVE en Castilla y León, como tampoco la tengo de los de Rtvcyl y que en ambos casos harán todo lo que esté en su mano para garantizar que los debates se desarrollen con el mayor rigor, pluralidad y neutralidad. ¿Verdad? Pronto lo sabremos. 
Suerte a todos.