Los letrados de la administración de justicia (LAJ) han superado ya el ecuador de su huelga general sin que se vislumbre siquiera un acuerdo con el Ministerio de Justicia que ponga punto y final a un paro que se ha convocado por un plazo de un mes y que, en poco más de dos semanas, ya ha suspendido 985 juicios en Valladolid y tiene sin repartir 1.559 demandas. Además habría centenares de escritos y decenas de declaraciones penales pendientes de cursar, sin olvidar que esta movilización también mantiene paralizados 13 millones de euros depositados en la cuenta de consignación judicial, que es una responsabilidad también de estos profesionales históricamente llamados secretarios judiciales.

Hoy son LAJ y se encuentran en pie de guerra desde el pasado 24 de enero para exigir al Ministerio de Justicia que «cumpla lo firmado y publicado en abril de 2022», donde se recogía tanto una adecuación salarial que les acercaría a jueces y fiscales, como el reconocimiento de las asociaciones profesionales como interlocutores válidos para la negociación colectiva. «Hasta ahora nos han venido representando los sindicatos, pero la realidad es que no defienden igual los intereses de los funcionarios de justicia que los de los secretarios», explica Silvia Santana, delegada de la UPSJ (Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia), que aclara que no buscan equipararse con jueces y fiscales: «Hablamos de pasar del 60-65 por ciento actual a  llegar al 85% de su salario».

Defienden que ellos también son funcionarios del grupo A1 y que ese incremento se pactó y se firmó en abril de 2022, pero nunca se les llegó a aplicar: «Tenemos un Ministerio en rebeldía, que no cumple con un acuerdo que está firmado y publicado», censura la delegada de la Ainlaj (Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia), Adela Tamayo.

El seguimiento está creciendo a medida que pasan lo días y afirman que están moviéndose «en torno al 88% de participación» en los paros. «Ya no hay marcha atrás. Estamos cada vez más enrabietados por la táctica de desgaste que aplican en el Ministerio, que está consiguiendo el efecto contrario», avisa Avelino Cabezudo, del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia (CSJ). Ni siquiera calma sus ánimos la convocatoria de una primera reunión ministerial el jueves 16.

Los tres lamentan el perjuicio que están provocando a ciudadanos y agentes jurídicos, defienden su «profesionalidad» y rechazan las acusaciones que hablan de huelga «oportunista»: «Esto no es por las elecciones, viene de tiempo atrás, solo que ahora nos hemos unido». «Pedimos disculpas y recordamos que los afectados tienen derecho a reclamar indemnización al Ministerio por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia», apostilla Cabezudo.

Los datos que manejan hablan de 892 juicios suspendidos en Civil y Penal, y de cerca de un centenar en Contencioso y Social, «donde hay algunos que se están reseñalando ya para 2024». «Nosotros somos muy profesionales y no nos gusta está situación, ir a los juzgados y ver cómo están las cosas, pero también es la demostración de que somos una pieza fundamental en el día a día de la administración de justicia y merecemos que se nos escuche y se cumpla lo firmado hace casi un año», concluye Adela Tamayo.