El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid ha estimado el recurso interpuesto por Roberto Martínez Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, contra el decreto del Alcalde Fernando de la Cal Bueno, del PSOE, que en 2021 le denegó el acceso a varios expedientes de contratación.

La sentencia dictada el pasado 27 septiembre entiende que la resolución del alcalde ha vulnerado los derechos fundamentales de participación política y ejercicio del cargo de concejal del edil 'popular', reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, y con ello el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, recordando la doctrina del Tribunal Supremo.

En su fundamento de derecho segundo se manifiesta que: "(*) si el derecho de participación incluye, con arreglo a lo expuesto, el derecho de acceder a los antecedentes, datos e informaciones que obren en los expedientes objeto de comisiones y plenos, así como a todos aquellos documentos necesarios para ejercer las funciones de control inherentes al cargo desempeñado, cuando este derecho se niega, bien directamente denegando el acceso o bien indirectamente planteando cortapisas u objeciones injustificadas, no solo se vulnera el derecho de los concejales al ejercicio de sus misiones de representación política sino que también, y por efecto reflejo, la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos".

La sentencia obliga al Ayuntamiento a facilitar la información sobre diez expedientes de contratación solicitados por el portavoz del PP y al acceso a los contratos de instalación de arquetas y contadores de agua adjudicados en 2020 y 2021 y a los contratos de mantenimiento de zonas verdes y limpieza viaria, entre otros, denegación que, como así denuncian los 'populares', a través de un comunicado recogido por Europa Press, aviva las sospechas.

"Una vez examinados los contratos, podremos saber si la ocultación de información del Alcalde obedece tan solo a su actitud antidemocrática o si hay algo más", ha insistido Roberto Martínez.

Desde el PP se recuerda que no es la primera vez que el alcalde impide a los concejales de la oposición ejercer sus legítimas funciones, lo que ha provocado varias quejas al Procurador del Común y al Comisionado de la Transparencia de Castilla y León por cuestiones similares, "y la denuncia pública de su actitud despótica y nada transparente en su gestión".

Añaden desde el PP que "en poco más de dos años, Fernando de La Cal ha reducido los ya de por sí escasos medios con los que contaba la oposición para ejercer sus funciones, viene denegando caprichosamente información a los concejales, incluso cuando es de libre acceso para los ciudadanos (como en el caso enjuiciado), ha vedado el acceso al registro y ha rechazado la creación de una comisión de investigación para el control de los numerosos contratos menores que compromete el equipo de gobierno".

Estos "reiterados ataques a la democracia" son los que han obligado al portavoz del PP a acudir a la Justicia, en defensa de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, después de múltiples actuaciones para exigir su cumplimiento dentro del Consistorio que han resultado "despreciadas" por el alcalde.

El portavoz 'popular' pide que Fernando de La Cal pague de su bolsillo las costas y los gastos que ha ocasionado el juicio al Ayuntamiento, para que no sean los vecinos quienes terminen pagando con sus impuestos las ilegalidades del regidor.