El exalcalde 'popular' de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, el exconsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León Antonio Silván y el exconcejal del PSOE vallisoletano Javier Izquierdo están citados para declarar como testigos esta semana en la Audiencia de Valladolid en el juicio del conocido como 'Caso PGOU' sobre las presuntas modificaciones irregulares de varios artículos de esta normativa en 2003.
El proceso, que arrancó el miércoles 16 de octubre afronta a partir de este lunes su segunda semana después de las declaraciones de los cuatro encausados, el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca y otros tres integrantes de su entonces cúpula: el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada; así como de los primeros testigos, en su mayor parte técnicos del Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León.
Para esta semana, está previsto que el entonces alcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, testifique este martes, 22 de octubre. Cabe recordar que el regidor figuró como investigado en el 'Caso PGOU' pero la Audiencia Provincial desestimó la petición de la Fiscalía y la acusación particular de la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado'.
También se prevé que este jueves, 24 de octubre, comparezca en el juicio el que fuera consejero de Fomento de la Junta entre 2003 y 2015 y actual candidato del PP al Senado por la provincia de León en las elecciones del próximo 10 de noviembre, Antonio Silván.
Ese mismo día está igualmente prevista la testifical del exconcejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y candidato al Congreso por Valladolid, Javier Izquierdo, que fue, en 2008, el principal promotor del trabajo que llevó al Grupo Municipal Socialista a presentar la denuncia sobre las modificaciones de varios de los artículos del Plan General con respecto a lo que se había aprobado en julio de 2003 en el Pleno del Ayuntamiento.
En el juicio, la Fiscalía solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso para 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 para puestos relacionados con su actividad profesional.
A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que a Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.
Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación Vecinal 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años. No pide pena, en cambio, para Cerezo Bada.