Sobre el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés había puestas muchas expectativas acerca de que del encuentro salieran grandes novedades sobre el proceso de diálogo que se ha establecido entre ambos. Pero ha servido para revitalizar la sensación de que este camino es la única forma de afrontar el expediente catalán, y a la vez el final del viaje. Si el diálogo establecido se rompiera por alguna de las partes, -y desde Cataluña, JxCat y la derecha lo intentan- se podría volver a un tiempo ya superado, pese a que los independentistas hayan visto como fracasaba su intento secesionista y de que la frustración se haya apoderado de buena parte de quienes defendieron el 'procés', como demuestra la pérdida de seguidores de la apuesta por la independencia.
Tampoco puede dar portazo el Gobierno al diálogo, a pesar de las críticas que recibe por ello por parte de la oposición de derechas, porque en él ha basado su intento de encauzar el conflicto político, y hasta ahora le ha dado un resultado aceptable en el que no ha cedido un ápice de sus responsabilidades. Así, mantiene la posición inamovible que el diálogo debe realizarse dentro de la ley, lo que excluye las dos demandas esenciales de los independentistas, la celebración de un referéndum de autodeterminación y la amnistía para todos aquellos que han sido procesados por la intentona secesionista de 2017 y sus consecuencias. Y la prueba de que no se ha cedido en nada es que el partido con el que se dialoga sobre Cataluña, ERC, manifiesta sus frustraciones negándole el voto al Gobierno en muchas de las votaciones que se celebran en el Congreso, que son el termómetro de las relaciones entre La Moncloa y el Palau de Sant Jordi.
Tras la crisis desatada por el espionaje a través de 'Pegasus' a los independentistas catalanes, incluido Pere Aragonés, que motivó el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, y del enfriamiento e las relaciones entre ambos centros de poder, los propios independentistas, sin renunciar a su programa máximo, han acotado su demanda a "desjudicializar" la vida política en Cataluña y a que "cese la represión", para que no vayan a la cárcel más dirigentes independentista, por la vía de la modificación del delito de sedición, que el gobierno envió a dormir en un cajón, o por la calificación de los hechos que realicen la fiscalía y la abogacía del Estado, que no dejan de ser unos actores en los procesos judiciales en los que intervienen otros más y cuya decisión queda en manos de un juez. Pero, además, hay casos de relevantes consecuencias políticas que no tienen que ver con el 'proces' sino con actuaciones administrativas como ocurre con el procesamiento de la presidenta del Parlament, Laura Borrás, o con el hecho de que el prófugo Carles Puigdemont puede estar más cerca de ser entregado a las autoridades judiciales españolas. Que la desjudicialización, por la vía de los indultos, ha tenido efectos desmovilizadores del independentismo es un hecho evidente.
Por el momento, en la mesa de diálogo que ha quedado desbloqueada, solo se han escuchado demandas por parte de los independentistas sin que se conozca que ofrecen a cambio. Quizá el apoyo a las cuentas públicas para el año próximo -difícil en año electoral- o facilitar la supervivencia del Gobierno apoyando sus iniciativas legislativas.