El estigma impulsa el rechazo al certificado de discapacidad

Óscar Fraile
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Unas 40.000 personas tienen problemas de salud mental en la provincia, pero más de 30.000 renuncian al documento que lo acredita, y que da derecho a algunas ayudas, por los problemas laborales y sociales que consideran que puede acarrearles

El estigma impulsa el rechazo al certificado de discapacidad - Foto: Jonathan Tajes

A finales del mes de octubre del año pasado el humorista vallisoletano J. J. Vaquero apareció en el programa El Hormiguero, uno de los de más audiencia de la televisión, con una camiseta de la asociación de salud mental El Puente. Este gesto, por insignificante que pueda parecer, es de suma importancia para un colectivo que lleva más de medio siglo luchando en Valladolid por la normalización de estas enfermedades y por ayudar en la inserción laboral y social de las personas que las padecen. Y en este proceso la visibilización es fundamental. De ahí la relevancia del gesto de Vaquero.
Trabajar por normalizar estas enfermedades es sinónimo de luchar contra el estigma social de las personas que las sufren. Tan marcadas están, que muchas de ellas incluso renuncian al certificado de discapacidad al que tienen derecho para evitar, por ejemplo, tener problemas para encontrar trabajo. «Hoy hemos tenido a un chico que nos decía que si obtenía el certificado no le iban a dejar entrar en la Policía». Es un ejemplo que pone Daniel Cembrero, coordinador del área de Empleo y Formación de esta asociación.
Según los datos de El Puente, en Valladolid hay unas 26.000 personas con alguna discapacidad reconocida, de las cuales el 30 por ciento tiene problemas de salud mental. Es decir, unas 7.800. Pues bien, esta cifra apenas supone un 20 por ciento de las 40.000 personas que, según las estimaciones de El Puente, tienen algún problema de salud mental en la provincia. Buena parte de estas personas renuncia a este certificado pese a que da derecho a algunos beneficios sociales, como pagar menos a Hacienda y poder acceder a cupos de empleo reservados a estas personas.
Aunque en muchos de los casos son renuncias voluntarias, hay otras personas que ni siquiera saben que padecen unos trastornos que se pueden manifestar de muchas formas. Otras se empeñan en no reconocer su trastorno. De esas 40.000 personas, «algunas realizan una vida totalmente normalizada y adaptada socialmente, y otras vive excluidas», reconocen desde esta asociación, cuya sede está en el barrio de Girón. 
Si padecer una discapacidad ya supone una barrera importante para la inserción laboral, tener problemas de salud mental multiplica este problema. Así lo demuestran las estadísticas. Según el último informe El Empleo de las Personas con Discapacidad, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de empleo de las personas con discapacidad en España es del 25,9 por ciento. Pero hay muchas diferencias entre unos y otros. La tasa más baja es, precisamente, la de las personas con problemas de salud mental: un 18 por ciento, seguidas de las que tienen una discapacidad intelectual (19,5 por ciento) y las que tienen problemas en el sistema neuromuscular (24,5 por ciento). Por en contrario, la mayor tasa de empleo entre las personas con discapacidad es para los que tienen problemas de audición, con un 45,8 por ciento.
Otro dato que pone de manifiesta la delicada situación de estas personas es la tasa de actividad. Mientras que entre la población sin discapacidad se sitúa en el 77,7 por ciento, según el INE, en las personas con ella es del 35 por ciento, un porcentaje que baja hasta el 16 por ciento en el caso de los que tienen problemas de salud mental, según los datos de El Puente. Además, este colectivo no llega ni al uno por ciento de los contratos bonificados que se hacen a personas con discapacidad.
Cembrero considera que el sistema público de salud, aunque tiene margen de mejora, ofrece buenos recursos asistenciales a las personas con problemas de salud mental. «En pocos años se ha avanzado mucho, pero la solución clínica no es solución». O no es la única solución. El coordinador de Empleo se refiere a que es necesario complementar estos tratamientos con una serie de intervenciones de carácter social que ayude a estas personas, por ejemplo, a incorporarse al mercado laboral.
Eso sí, siempre intentando respetar la autonomía de los pacientes. Esa es la senda que está recorriendo El Puente en los últimos años. Un modelo de intervención que se aleja del paternalismo y que se centra en acompañar a los pacientes «con la premisa de que sean ellos los que decidan sobre su vida, en función de sus necesidades, metas y preferencias». De hecho, aunque en esta asociación se atienden algunos casos graves, de enfermedad prolongada, hay muchos otros. Por el Área de Empleo y Formación pasan más de la mitad de los usuarios para conseguir su inserción en el mercado laboral. De hecho, el año pasado 183 personas consiguieron un puesto de trabajo gracias a esta labor y 25 se iniciaron en el autoempleo. Todo gracias a una estrecha colaboración y contacto con más de 200 empresas.
La ayuda para trabajar nunca está de más para un colectivo que tiene unas dificultades que no acaban al encontrar un empleo. «Hay un estigma sobre los puestos que pueden desempeñar estas personas, siempre so ofrecen los que son de baja cualificación, independientemente de la titulación y experiencia del trabajador», asegura Cembrero.
El Puente también lleva a cabo una labor de divulgación para que la población tenga claro a qué hace referencia el término problema de salud mental, ya que muchas personas solo piensan en los casos más graves cuando lo escuchan. «Es un abanico amplísimo, que va desde las depresiones mayores hasta los trastornos bipolares, la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, pasando por los trastornos de la alimentación, los obsesivos-compulsivos y el TDH», señala Cembrero.
El Puente también ofrece otra serie de servicios, como una Escuela de Familias, acceso a una de sus doce viviendas, asistentes personales, un centro ocupación y medidas específicas para las personas que viven en el entorno rural.

La eterna lucha para acabar con estigma  del ‘loco’

Las personas que padecen una enfermedad mental arrastran una doble carga: la de su patología y la del rechazo de buena parte de la sociedad. El de aquellos que todavía ven a estas personas como el loco que hace cosas raras, el que puede tener un arranque violento en cualquier momento. Un rechazo que no siempre se manifiesta en el primer contacto, que queda oculto bajo un manto de corrección política, pero que se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando estas personas quieren acceder a un puesto de trabajo. De hecho, muchas de ellas ni siquiera realizan los trámites para que esta enfermedad se les reconozca oficialmente porque, entre otras cosas, puede suponer un techo de cristal en su carrera profesional. Aunque tengan un perfil profesional importante, tendrán mucho más difícil conseguir una promoción si los responsables de la empresa saben que padece alguna enfermedad mental que, por otra parte, puede que no se manifieste nunca. «¿Voy a dejar a una personas que tiene un trastorno bipolar ser director de un banco o jefe de obra?». Según el coordinador de Empleo y Formación de la asociación El Puente, Daniel Cembrero, esta pregunta ronda la cabeza de muchos empresarios antes de dar una negativa como respuesta. «Todavía tenemos estos prejuicios», añade.
Y no solo es un problema de ámbito laboral. Reconocerse como enfermo mental y pedir ayuda debería ser el proceso natural, pero muchas personas lo esquivan para evitar verse señalados con el dedo por los demás, aunque las consecuencias para la salud puedan ser nefastas. «Por ejemplo, las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen unos índices de suicidios muy alto porque la gente cuando tiene un problema de salud mental no pide ayuda, porque creen que los compañeros no van a confiar en alguien que tiene un problema de salud mental», agrega Cembrero. Según él, eso es como tener un esguince que no se trata médicamente y, por ende, tiene todas las posibilidades de ir a más.