La consejera de Sanidad, Verónica Casado, reclamó ayer que se aborde ya la financiación sanitaria de las comunidades autónomas, y que dentro del nuevo modelo se tenga en cuenta no solo el volumen de población sino también la dispersión geográfica de CCAA tan extensas y rurales como Castilla y León.

«Uno de los asuntos más urgentes es la financiación clarísimamente. El 65% de nuestros recursos dependen del Gobierno, necesitamos de forma urgente más financiación. Nosotros dedicamos el 6,6 por ciento del PIB a sanidad, pero aun así tenemos deuda. Hay que llegar al menos al 7 por ciento del PIB a nivel nacional y que los criterios de financiación no sean solo per cápita, sino por territorio. No es lo mismo organizar una asistencia sanitaria para dos millones de personas muy concentradas que en otra con población dispersa. Y todas tienen el mismo derecho», argumentó.

Casado, quien reconoció que abordar ya la mejora de la financiación es una de las prioridades en la sanidad pública, mostró su deseo de que haya un acuerdo para reformar el modelo a nivel estatal, algo que no depende del Ministerio de Sanidad.

«Yo lo necesito. Todos los consejeros autonómicos tenemos un problema de financiación. No sé si será posible este año o no, pero es absolutamente necesario, no podemos seguir con presupuestos prorrogados. Para poder avanzar, una de las cosas imprescindibles es el dinero», explicó.

Así durante su participación en los Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press, insistió en que en una comunidad como Castilla y León, con mucha población rural, la dispersión es un «grave problema» para la planificación y financiación. «Hay pueblos pequeños que tienen que estar seguros de que la atención sanitaria les va a llegar», señaló, reclamando de nuevo que la financiación sea «por territorio».

HUBU.

Por otro lado, la consejera recordó, entre otros asuntos, que la reversión del Hospital de Burgos (HUBU), de gestión privada pero de uso público, se debe hacer «de manera normalizada» pero sin poner en riesgo «toda la financiación del sistema».

Casado explicó que es uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre Cs y PP aunque dejó claro que esta cuestión está «judicializada» ya que antes del verano se presentó, por parte de algunos grupos políticos y organizaciones de la Comunidad una denuncia por supuestas irregularidades en la gestión del centro.

Al respecto, insistió en abordar la reversión «de manera normalizada» aunque una vez que concluya el proceso judicial «para después ver cómo se lleva a cabo» la reversión, que debe ser «compatible» con la financiación del sistema.