El esqueleto de hormigón de lo que será el nuevo centro de salud de La Magdalena, en el barrio del Hospital, aguarda desde hace casi tres años una empresa que asuma el final de una obra que tuvo que paralizarse en el arranque de la pandemia por la quiebra de la UTE que asumió este proyecto y que ahora no encuentra quien lo haga por los 3,2 millones de euros que ofrecía la Junta de Castilla y León. Esto ha llevado a la Consejería de Sanidad a elevar la consignación y volver a sacarlo a licitación, un trámite que ya está en marcha y que se resolverá, según explican fuentes de Sacyl a este periódico, «a la mayor brevedad posible».

El objetivo es desbloquear la construcción de ese nuevo centro de salud para este barrio, que lleva quince años batallando por sacar su consultorio de los bajos de un bloque de pisos de la calle Nuestra Señora.

La Gerencia Regional de Salud prepara ya un presupuesto al alza con el fin de intentar desatascar este proyecto para el que ya se aumentó  la partida prevista en un 6% la pasada primavera y al que, de manera extraordinaria, se le ha llegado a sacar de los concursos públicos para intentar alcanzar (sin éxito) un acuerdo con alguna empresa y licitar el final de la obra con la máxima celeridad posible.

Fuentes de Sacyl explican que no se ha determinado todavía cuál será la subida para esos 3.254.763 euros que había en el último pliego, de finales de marzo 2022, cuando la Junta de Castilla y León llevó a cabo el último intento de licitación a través de un concurso público. Entonces quedó desierto y se optó por autorizar la extraordinaria vía del 'procedimiento negociado sin publicidad', algo inusual cuando se trata de cantidades económicas tan elevadas, por lo que tuvo que pasar por el último Consejo de Gobierno de agosto de la Junta para obtener el visto bueno y empezar a buscar empresas interesadas en finalizar la obra sin concurso público.

Era el 25 de agosto y tras más de tres meses después de infructuosa búsqueda, en diciembre se volvió a dar por desierto y se iniciaron los trámites para elevar la partida y que, ahora sí, la cantidad resulte suficiente para la conclusión de la construcción.

La obra arrancó en agosto de 2019 con un plazo de ejecución de 18 meses, pero la crisis del covid se llevó por delante a la UTE Orthem-Abala Infraestructuras, que paralizó los trabajos en marzo de 2020 y en mayo dio quiebra. El contrato fue resuelto en marzo de 2021, volvió a licitación, primero con concurso y ahora sin él, pero siempre sin éxito. La Consejería espera desbloquearlo «cuanto antes» y completar una obra, cuyo plazo será de doce meses.