El plan estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León contará con cerca de 515,5 millones de euros hasta 2026 al incorporar ya la gestión de los fondos europeos, que ayudarán a incrementar los recursos de este documento orientado a mejorar y modernizar este sistema y fomentar la inclusión, la conciliación y la autonomía personal. El texto, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, cuenta con 106 medidas y se convierte en el instrumento «indispensable» y básico para el desarrollo de la planificación y normativa en esta materia. La consejera de Familia, Isabel Blanco, explicó los detalles de este plan, en que se incorpora ya por ejemplo la construcción de nuevos centros residenciales y distintas actuaciones en materia de accesibilidad, con cargo a los fondos europeos, que situó como una «absoluta prioridad» para la Junta.

Asimismo, Blanco explicó que se contempla y asume como reto la innovación y la modernización tecnológica del sistema de servicios sociales, a través de dos aportados, el diagnóstico de la situación y la planificación estratégica. La consejera expuso que se trata de la mejora general del sistema de servicios sociales, ante lo que incidió en este sentido en la modernización de los distintos elementos de la administración para reducir los plazos y eliminar los papeles, con el paso a la tramitación digital, lo que contará con 3,8 millones.

En materia de autonomía personal, la titular de Familia destacó los 225 millones previstos para tres años. Así, indicó que se contempla la ejecución de las obras financiadas con fondos europeos, el desarrollo Plan de la Soledad, la ayuda a domicilio o la teleasistencia avanzada, servicios «tan necesarios y tan importantes para las personas mayores y dependientes de la Comunidad». 

El tercero de los ejes es la inclusión social, lo que dispondrá 180,7 millones en ayudas de emergencia para las familias que más lo necesitan en un momento puntual o distintas ayudas para pagar la factura eléctrica. El último apartado, indicó Isabel Blanco, es el de las familias y la conciliación, con 105,6 millones, ya que se contemplan las medidas de los distintos programas de conciliación y corresponsabilidad, como Conciliamos, Crecemos así como otras líneas de ayudas.

En cuanto al primero, la evaluación del sistema revela para la Junta que el modelo se ha mostrado «eficaz» y ha sabido dar una respuesta ágil a los nuevos desafíos surgidos de la crisis derivada de la covid-19, reforzando la prestación de servicios que ya se ofrecían y generando nuevos derechos para dar respuesta a necesidades de población, gracias a la gran capacidad de adaptación. «Se trata de un modelo basado en la cooperación entre administraciones, con otras organizaciones y con el sector privado, para cohesionar el sistema y ganar en eficiencia», indica el Ejecutivo.

Medidas

Las medidas contempladas en este plan se inspiran en la prevención y proactividad, de forma que el sistema se configura para detectar tempranamente las problemáticas sociales y actuar cuanto antes sobre sus causas, evitando en la medida de lo posible la cronificación de su situación.