El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por quince votos a seis, el informe que critica con dureza el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y que advierte de los problemas de orden constitucional que cree que podría acarrear, entre ellos conflictos competenciales.

El dictamen es preceptivo, pero no vinculante, por lo que la intención del Gobierno es validar el texto en segunda vuelta en un próximo Consejo de Ministros y enviarlo en febrero al Congreso para su tramitación parlamentaria.

El informe ha sido redactado por los vocales José Antonio Ballestero, propuesto por el PNV, y Enrique Lucas, por el PP, después que el órgano de gobierno de los jueces rechazara el pasado día 14 una propuesta que avalaba el texto presentado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.

A lo largo de sus 60 páginas, el informe se refiere al anteproyecto con calificativos como "sobrecargado", "contradictorio", "farragoso", "incongruente", "nocivo", "innecesario" e "inoportuno" y señala que sus directrices generales están "imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias".

En esa línea, recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estatal perpetra con esta ley una "expropiación" regulatoria.

Asegura también que el anteproyecto apunta a "una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda", que interfiere en el libre mercado y que pretende "fosilizar" el concepto de función social de la propiedad.

Destaca asimismo sus "conceptos jurídicos vulgares" y rechaza casi todas las definiciones que introduce por "innecesarias", "redundantes" o porque chocan con las de otras leyes, como la Ley del Suelo.

Sobre las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, afirma que "siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido", así como que "su complejidad reglamentista pudiera propiciar no pocos procedimientos judiciales".

Sostiene que la carga patrimonial de las políticas estatales de vivienda se afronta "a costa de los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales" previstos y avisa del "posible conflicto competencial desde el momento en que, por ejemplo, rige en Cataluña la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, cuyas medidas no son coincidentes con las contenidas en el anteproyecto".

Aunque el informe del poder judicial supone un varapalo para una de las leyes estrella del ejecutivo de coalición, éste pretende seguir adelante con la tramitación e la norma, después de leerlo "con respeto y atención".

Desde que trascendió hace unos días el contenido del dictamen, los socios de gobierno han hecho hincapié en que el mandato del CGPJ está caducado hace tres años y en que no representa a la actual mayoría parlamentaria, porque el PP bloquea su renovación.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defienden que su anteproyecto de ley está "bien armado técnica y jurídicamente" y que respeta "escrupulosamente" las competencias de las comunidades, mientras que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, está inmersa en una ronda de contactos con el movimiento por la vivienda para mostrar el "respaldo social" que tiene.