El Ayuntamiento de Valladolid ha dejado de ingresar unos 13,7 millones de euros desde mayo de 2017 como consecuencia de las sentencias contrarias al cobro del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como 'de Plusvalías', y de ellos casi 3 desde que el pasado 26 de octubre el Tribunal Constitucional anulase el cobro en el caso de que haya aumentado el valor catastral del inmueble.
El alto tribunal ya declaró inconstitucional en mayo de 2017 someter a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor y en 2019 hizo lo mismo "en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial". El pasado mes de octubre declaraba nulos varios artículos que establecían un método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto que determinaban que siempre haya existido un aumento en el valor de los mismos, con independencia de que haya sido así y de la cuantía real de dicho incremento.
Estas resoluciones han generado un volumen importante de reclamaciones a los ayuntamientos, como es el caso desde Valladolid, que recibió más de 6.600 desde mayo de 2017.
Según datos del Ayuntamiento, actualizados esta misma semana y recogidos por Europa Press, desde que se publicó la primera sentencia hasta que ha salido la más reciente en octubre de 2021, las autoliquidaciones de este impuesto municipal reclamadas por los contribuyentes han sido 3.908 en casos de tributos pagados y que el titular reclamaba su devolución por considerarlos indebidos.
Esas autoliquidaciones alcanzaban un valor de 7.218.923,33 euros, y de ellas fueron estimadas 3.070 (el 78,5 por ciento) por valor de unos 6,9 millones de euros (intereses incluidos).
Además, en ese periodo, se tramitaron 1.624 reclamaciones de autoliquidaciones que no se habían pagado porque el contribuyente consideraba que no procedía su pago y que alcanzaban un valor de 3.865.930,64 euros.
Después de la última sentencia, los contribuyentes han presentado 1.206 reclamaciones y la práctica totalidad han sido devueltas, por un valor de 2.065.522,06 euros, incluyendo intereses de demora.
Además, durante aproximadamente dos semanas --entre la publicación de la sentencia y la aprobación del Real Decreto Ley del Gobierno que establecía un nuevo mecanismo de cálculo para los ayuntamientos-- se creó una situación de 'vacío legal' en el que las autoliquidaciones generadas durante ese periodo no tuvieron que abonarse.
En ese periodo, el Ayuntamiento dejó de ingresar 900.000 euros, incluidos 12.000 que sí que habían sido ingresados y se devolvieron igualmente.
Actualmente, el Consistorio vallisoletano acaba de aprobar el proyecto de modificación de la ordenanza del Impuesto de Plusvalías para adaptar la normativa municipal a las sentencias del TC, ya que el Real Decreto establecía un periodo de seis meses para que los ayuntamientos aprueben sus propias normas.