La revisión de la sentencia del 'procès' realizada por el Tribunal Supremo ha dejado descontentos a los líderes independentistas catalanes, que pudieron esquivar la cárcel tras los indultos parciales concedidos por su socio Pedro Sánchez, pero no han visto satisfechas sus aspiraciones de evitar la inhabilitación que les permitiera volver a las listas electorales y seguir viviendo del dinero público. Los magistrados del Alto Tribunal no asumen el nuevo tipo de malversación atenuada que el Gobierno y ERC esperaban que se aplicara a los hechos juzgados y sostienen que la malversación cometida debe seguir estando castigada con las penas más altas, lo que lleva a la inhabilitación de los principales cabecillas hasta los años 2030 o 2031.
Como cada vez que una sentencia no es de su agrado, los dirigentes de ERC levantaron ayer mismo su voz para calificar el auto del Supremo con palabras gruesas como que supone un 'golpe al sistema democrático' o denunciando su arbitrariedad. Por supuesto, ningún argumento jurídico salió de sus bocas, ni siquiera se apoyaron en el sentido común. Esto último sí que lo hizo el tribunal, quien aprovechó la revisión para dar un revolcón a la reforma acometida por el Gobierno durante el año pasado. Así, la Sala rechaza en su auto que el derogado delito de sedición pueda entenderse ahora como desórdenes públicos agravados y advierte que la reforma deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación.
El tribunal, presidido por el juez Marchena, rebate en su auto todos los argumentos que empleó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para defender esa reforma, señala que la nueva redacción del Código Penal "desenfoca el problema" y subraya que ha podido dejar "impunes" futuros ataques a la Constitución. Al argumentar su decisión, el Supremo desliza una seria crítica a la reforma penal pactada con los propios condenados por el 'procès'. La eliminación del delito de sedición deja ahora un "espacio intermedio", despenalizado, entre la rebelión y los desórdenes públicos, según la sentencia. Y ese espacio "puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, quedarían impunes".
Esta advertencia que hace el Alto Tribunal es gravísima y debería provocar una reacción en los legisladores para que luego no nos tengamos que llevar todos las manos a la cabeza. Está muy reciente la chapuza de la ley del 'solo sí es sí', que está provocando cientos de revisiones a la baja de condenas, por lo que quizás habría que revisar con rigor jurídico y técnico la reforma penal aprobada el pasado año para 'corregir' lo que sea necesario y evitar otro bochorno nacional o algo peor en el futuro.