Los juzgados afrontan el arranque del curso judicial del coronavirus con el objetivo de que el atasco que provocó el parón durante el estado de alarma, cifrado en unos 4.000 asuntos, no se cronifique. Desde que se reactivó la actividad judicial en Valladolid –en la segunda mitad de mayo–, este ha sido el reto y, para ello, se decidió unir fuerzas entre todas las partes  (magistrados, abogados, procuradores, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios...) y fomentar una nueva organización con más teletrabajo, con juicios telemáticos y con vistas en horario de mañana y  tarde.

El objetivo era que el atasco no se incrementase y poder estar en buena disposición de afrontar la previsible avalancha de casos que traerá consigo esta crisis, en forma de reclamaciones en materia laboral, impagos, concursos mercantiles, régimen de visitas...

A las medidas implantadas en Valladolid se unía la teórica ayuda del Ministerio de Justicia, con su decisión de convertir en hábiles las tres últimas semanas de agosto para que el atasco de primavera se fuese mitigando con esas jornadas extra de operatividad veraniega.

Pero la realidad es que, al menos en Valladolid, la medida de ‘abrir’ en agosto ha resultado inútil y, tal como aseguran todas las partes, apenas ha servido para «sacar papel». La realidad es que hay jurisdicciones como la de Penal donde el retraso se mueve ya en la franja de los seis meses, señalando juicios para el mes de marzo de 2021. En Social se fijan vistas para enero y en Civil, para diciembre, tal como detallan fuentes judiciales. Y eso a pesar de que se celebran juicios incluso por las tardes y de la ‘apertura’ de agosto, una medida que todas las partes creen que ha sido más efectista que efectiva.

El representante en Valladolid y Castilla y León de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la que cuenta con más respaldo en la judicatura–, Luis Carlos Tejedor, reconoce que la «inmensa mayoría de magistrados, salvo excepciones, se fue de vacaciones en agosto, ya que así no había dispersión en otras fechas». «Creo que ha sido mejor, para tratar de evitar más retrasos y no creo que el hecho de habilitar agosto, en el caso concreto de civil (jurisdicción en la que él ejerce en Valladolid), haya producido una disfunción entre la abogacía y la procuraduría, pero sí es cierto que en otras jurisdicciones sí que ha perjudicado la situación de todos estos profesionales y sin conseguir un resultado evidente en cuanto a rapidez», señala.

abiertos «al ralentí». Por su parte, Javier Garicano, decano del Colegio de Abogados, considera que lo de este agosto ha sido «una oportunidad perdida» porque «si el Ministerio de verdad quería que hubiera servido, había que haber estado trabajando todos, no solo abogados y procuradores». «Los juzgados han estado abiertos pero al ralentí y, en cambio, a todos los abogados y procuradores nos ha tocado estar en el despacho, porque sí llegaban notificaciones, pero de puro trámite y que podían haber esperado a septiembre», se queja un Garicano que recuerda que «al tiempo que se habilitaba agosto, el Ministerio recomendaba a todo su personal cogerse vacaciones».

Los números dan la razón a los abogados y los procuradores, ya que los datos que se manejan en el Colegio de Procuradores señalan que se ha gestionado la mitad de expedientes en el periodo hábil de agosto (14.275) que en el mismo del mes de julio  (32.552 notificaciones). 

Mar Abril, decana del Colegio de Procuradores de Valladolid, opina que «se ha querido contentar a todo el mundo y al final ha sido ineficaz para el objetivo que se pretendía de agilizar la justicia y, en cambio, ha sido muy eficaz para tener muy descontentos a los procuradores y los abogados, que nos hemos quedado sin vacaciones», si bien puntualiza que eso «no quiere decir que los funcionarios que estaban trabajado no hayan hecho su tarea, lo que ha pasado es que, siguiendo las indicaciones, la mayoría estaban de vacaciones, incluidos jueces y letrados de la administración de justicia».

Raúl Franco, delegado de CCOO en Justicia, censura el doble juego del Ministerio en todo esto, puesto que «de cara al ciudadano, quería ‘vender’ que se iba a trabajar tres semanas de agosto, declarándolas hábiles, pero al mismo tiempo, a través de circulares internas, ya se encargó de obligar al personal a que se cogiera la mayor parte de sus vacaciones, vaciando los juzgados; y, además,  por otro lado, el CGPJ, recomendó también no celebrar vistas, y que no se hiciese ninguna actuación que no fuera urgente, o para cubrir servicios esenciales», apostilla. «Lo que hubiera sido una medida positiva para el ciudadano, se convirtió en una chirigota del ministro y ahora lo que menos se necesita son gestores demagogos».

juicios por las tardes. El representante de Comisiones Obreras confirma que se «se ha movido muy poco papel en esas tres semanas», si bien destaca el esfuerzo efectuado por la plantilla judicial en estos meses, «con tareas presenciales y con teletrabajo, pese a que el Ministerio no pone ningún medio material para ello» y con «el problema de la reubicación de las vistas suspendidas, teniendo en cuenta que se deben guardar las distancias de seguridad, respetar todas las medidas de restricción de acceso a las sedes judiciales... Por ello se realizan vistas por las tardes».

En el mismo sentido, el juez Luis Carlos Tejedor destaca el esfuerzo que supone celebrar esos juicios vespertinos y telemáticos y detalla que en Primera Instancia (Civil), donde él es magistrado, «sí existe un cierto retraso de entre dos y tres meses en señalamientos, derivado de las suspensiones de vistas y de otros trámites del estado de alarma, pero no hay avalancha de demandas civiles derivada del covid»