La Audiencia Provincial de Valladolid abre el martes el ‘macrojuicio’ por el llamado caso PGOU, en el que habrá catorce acusados de promover o beneficiarse de unas presuntas manipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 2003; unas modificaciones efectuadas, al parecer, entre que el documento se aprobó en Pleno y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. La Sección IV sienta en el banquillo al que fuera concejal de Urbanismo en el antepenúltimo gobierno de Javier León de la Riva, José Antonio García de Coca, así como a tres miembros de su equipo en aquel Ayuntamiento de Valladolid del PP. Además, el tribunal también debe dirimir la responsabilidad penal de nueve empresarios del mundillo de la construcción y las promociones inmobiliarias, y hasta de un párroco y secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego. La vista se prolongará, a razón de tres sesiones semanales, hasta finales del mes de noviembre, dado el gran número de acusados, testigos y peritos que hay citados.

La Fiscalía de Valladolid ejerce la acusación junto a la Federación de Vecinos Antonio Machado, si bien fue el Grupo Municipal Socialista el que llevó estos hechos ante la Justicia en el verano de 2008. Una profusa y compleja investigación en el Juzgado de Instrucción 1 dio pie a una ‘macrocausa’ en la que llegó a estar imputado el exalcalde y que, finalmente, llegará ante un tribunal una década después.

34 años de cárcel. La petición de penas de la acusación pública se eleva hasta los 34 años y medio de cárcel, situando al exconcejal de Urbanismo en la cúspide de todo y pide una pena de cuatro años de cárcel por el delito de falsedad en documento oficial (el PGOU), así como 43 de inhabilitación para el cargo de concejal, por cuatro más de prevaricación y uno sobre el patrimonio; la acusación popular, en cambio, eleva la petición hasta los seis años y diez meses de cárcel en el caso del exedil.

En un escalón inferior aparecen los miembros del equipo de García de Coca en Urbanismo, el ex jefe de área, Modesto Mezquita; el ex jefe de Planeamiento, José Luis Cerezo; y el exarquitecto Luis Álvarez Aller, para quienes se solicitan también esos cuatro años de prisión, pero con condenas algo inferiores de inhabilitación.

La fiscal del caso entiende que estos cuatro encausados actuaron «en provecho de determinadas personas y empresarios» y que, fruto del «control que ejercían en el ámbito de la Concejalía y el área de Urbanismo», pudieron ejecutar la «manipulación de determinados planos y artículos de la normativa (del PGOU), para así posibilitar a aquellos (los otros diez acusados) la obtención de mayor rendimiento económico para sus actividades inmobiliarias».

En la lista de procesados están nueve empresarios y un párroco, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, acusado de beneficiarse de la recalificación de los antiguos terrenos de Cáritas en la calle José María Lacort para que pasasen de no urbanizables a urbanizables.

Lino Collazos se enfrenta a una pena a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias y como inductor de un delito de falsedad documental. En idéntica situación procesal arrancan los empresarios Gonzalo Jolín (relacionado con un par de ventas de terreno en las que ya anticipaba las condiciones del PGOU teóricamente manipulado), Ramón Herrero (de la sociedad Área Especial), y María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán  (ambos por la operación del hotel Marqués de la Ensenada sobre los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla).

Parkosa y Capitol. En el caso de José Ángel Astorga Ruiz y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, se reclama una condena de dos años de prisión para cada uno por tráfico de influencias, mientras que, por el mismo delito, se piden ocho meses para tres socios del Grupo Capitol, José Luis Mayordomo Martínez (el que fuera presidente del ya extinto Club Baloncesto Valladolid) y los hermanos Eduardo Javier y José Luis González Torres.

LOS 14 ACUSADOS

• JOSÉ ANTONIO GARCÍA DE COCA (EXCONCEJAL DE URBANISMO). Se le acusa de un delito sobre el patrimonio, uno de falsedad en documento oficial y cuatro de prevaricación. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y 43 de inhabilitación para ser edil.
• LUIS ÁLVAREZ ALLER (ARQUITECTO EN EL ÁREA DE URBANISMO). Cuatro años de cárcel y 27 de inhabilitación profesional.
• MODESTO MEZQUITA GERVÁS (EX jefe de área en urbanismo). Cuatro años de cárcel y 27 de inhabilitación profesional.
• JOSÉ LUIS CEREZO BADA (EX JEFE DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL). Cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación.
• GONZALO JOLÍN GARIJO (EMPRESARIO).  30 meses de cárcel y 18 de inhabilitación para actividades inmobiliarias.
• RAMÓN HERRERO MERINO. (EMPRESARIO).  30 meses de cárcel y 18 de inhabilitación para actividades inmobiliarias.
• PILAR LÓPEZ MAZARIEGOS (EMPRESARIA).  30 meses de prisión y 18 de inhabilitación para toda actividad vinculada a la vivienda.
• FRANCISCO CAPELLÁN barbado (EMPRESARIO).  30 meses de prisión y 18 de inhabilitación para actividades inmobiliarias.
• LINO COLLAZOS DEL CASTILLO (PÁRROCO Y SECRETARIO GENERAL DE LA Fundación Emilio Álvarez Gallego).  30 meses de prisión y 18 de inhabilitación.
• JOSÉ ÁNGEL ASTORGA RUIZ (EMPRESARIO).  Dos años de prisión.
• ANTONIO ROBERTO PASTRANA (EMPRESARIO).  Dos años de prisión.
• JOSÉ LUIS GONZÁLEZ TORRES (EMPRESARIO).  Ocho meses de prisión.
• EDUARDO J. GONZÁLEZ TORRES (EMPRESARIO).  Ocho meses de prisión.
• JOSÉ LUIS MAYORDOMO MARTÍNEZ (EMPRESARIO).  Ocho meses de prisión.