Con la llegada del otoño comienzan las bajadas de las temperaturas y el aumento de las precipitaciones, dos factores que favorecen también que disminuya considerablemente el riesgo de incendio. Es el momento, por tanto, de echar la vista atrás y analizar el impacto del fuego en el país. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta el 22 de septiembre este año se han producido más de 10.000 siniestros en los que ha ardido una superficie forestal de 78.660 hectáreas. 

Ha sido un verano devastador si se compara con los datos de 2018, pero lo cierto es que el pasado ejercicio fue excepcional. En los primeros nueve meses hubo la mitad de incendios de los que se han producido en 2019 y, como es lógico, la superficie forestal afectada también fue mucho menor (3.435 hectáreas). De hecho, se podría decir que la huella del fuego en lo que va de año ha estado en la media de la última década. 

De manera que, la tendencia no es negativa a pesar de la alarma que se genera cada verano cuando aparecen en los periódicos situaciones como las vividas este año en Gran Canaria o Tarragona. Lo que sí es cierto, es que se está produciendo un cambio en el comportamiento de los incendios. Gracias a las nuevas tecnologías y a la inversión en extinción de incendios los pequeños focos se apagan cada vez más rápido, pero la despoblación y el cambio climático hacen que los grandes incendios sean cada vez más virulentos y difíciles de controlar. 

Es por ello, que desde la Asociación Española de Agentes Forestales abogan por invertir en prevención. Su presidente, Rubén Cabrero, asegura que «la mayoría de los recursos económicos se dedican a la extinción de incendios, que es la faceta más cara». A su juicio es el comienzo del otoño el que debe marcar la diferencia, porque es cuando se puede empezar a trabajar en cambiar el paisaje para evitar que, una vez llegue el calor y salte la chispa, el fuego se expanda de forma descontrolada. Es ahora cuando hay que abrir caminos, hacer cortafuegos y limpias de vegetación que permitan a los bomberos actuar en condiciones de seguridad cuando se desarrolla un incendio forestal. 

Con todas estas medidas lo que se hace es crear barreras para que el fuego no se expanda en condiciones complejas, como las que se producen en las olas de calor, cuando las altas temperaturas y el viento juegan en contra de la extinción. La necesidad de fabricar cortafuegos es reciente, ya que se ha debido al cambio de paisaje que se produce cuando la sociedad comienza a abandonar el medio rural. La escasez de habitantes y de actividad ganadera en el campo hace que el bosque y el matorral avance, conformando un terreno más inflamable. 

Una tarea de todos

El responsable de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, concluye así que el principal problema es que ya «no existe una línea entre el monte y lo urbano» y mantiene que «la solución pasa por repensar el paisaje». En esta labor, es esencial la Administración, pero advierte que también deben estar implicados los propietarios de fincas y viviendas particulares. 

En lo que respecta al Estado y las Comunidades Autónomas asegura que no basta con medidas urgentes como la creación de cortafuegos, sino que apuesta por políticas de medio y largo plazo que favorezcan el retorno de la población al campo y la reactivación de la actividad ganadera y la agricultura. 

Por otra parte, recuerda que los municipios han de contar también con un plan para prevenir el impacto del fuego. En este sentido, aclara que es consciente de que muchas localidades «no tienen presupuesto» para ello, pero insiste en que «es su obligación» porque «en caso de incendio serían parte del problema».

También lanza un mensaje a quienes tienen una finca o una casa aislada en el campo. Critica a muchos de ellos por esperar que sea la Administración quien les defienda ante el fuego cuando, viviendo en un contexto de riesgo, deberían autoprotegerse, ya que, según afirma, «no puede haber un bombero por vivienda o explotación agrícola».

Un vacío en funciones

Dejando a un lado las iniciativas más complejas y las de concienciación de la ciudadanía, el problema es que ni se invierte lo suficiente en las medidas urgentes, ni existe una figura encargada de limpiar los montes. Lo lógico sería pensar en que es labor de los bomberos forestales, pero la mayoría tienen contratos que se limitan a los meses de verano. «Llega el invierno y todo este personal va al paro quedando un vacío de empleados para dedicarse a limpiar los montes, hacer cortafuegos y mantener las infraestructuras que nos permiten actuar en los incendios», lamenta Cabrero. 

Desde Comisiones Obreras defienden que los modelos operativos contra incendios deben contar con personal público en condiciones dignas, haciendo necesaria la inversión en formación y profesionalización. Esto implica, entre otras cosas, dotar a estos profesionales de actividad durante todo el año y que se les reconozca la categoría de bombero forestal. 

Donde sí parece que se está avanzando es en el ámbito de la investigación y en la respuesta penal. Hace ya casi dos décadas que se crearon las Fiscalías de Medio Ambiente y desde entonces cada año se realiza una memoria con un apartado específico sobre las resoluciones de casos de incendios forestales. La tendencia es positiva, ya que cada vez hay más fallos condenatorios. 

La pena máxima está en 20 años de cárcel, aunque nunca se le ha impuesto a nadie hasta la fecha. Desde Greenpeace entienden que las condenas son «suficientes», aunque el verdadero problema está en poner nombre y apellidos al responsable de un incendio. El lugar del crimen suele quedar barrido por el fuego e incluso por las labores de extinción, lo que dificulta la recogida de pruebas. No obstante, desde la organización valoran el esfuerzo que se está realizando porque cada vez «aciertan mejor en las causas», asegura Soto. 

Además, valora las advertencias que se están haciendo a los Ayuntamientos para que se cierren vertederos ilegales o los mensajes que envían a las compañías para que mejoren el mantenimiento de los tendidos eléctricos. Al fin y al cabo, con o sin cambio climático, el único responsable de más del 90 por ciento de los incendios es el ser humano.